Dar clase en un centro educativo no es tarea fácil y los profesores necesitan, además de estudios superiores, conocimientos de pedagogía, didáctica o unas prácticas "in situ". Permitir que un titulado sin más entre en un aula para solucionar un problema de escasez de docentes no parece satisfacer a la comunidad educativa, según recoge una análisis de la agencia EFE. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado que se va a flexibilizar, "de manera excepcional y limitada" por la pandemia del coronavirus, los requisitos para el ejercicio de la docencia y no hará falta tener hecho el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria (ESO) y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, conocido como MAES.
Es "una rebaja" de lo que es la labor docente y provocará que dé clase "gente que no ha pisado un aula", coinciden en señalar a Efe decanos de la Educación, profesores, directores, orientadores e inspectores.
La presidenta de la Conferencia Nacional de decanos de Educación, Carmen Fernández Morante, expresa "perplejidad" cuando las recomendaciones internacionales inciden "en reforzar la función didáctica y pedagógica" en Secundaria. Considera que la medida tomada con las comunidades es "una agresión directa a la profesión docente, a los cientos de miles de titulados y estudiantes del Máster de Secundaria y a las universidades de este país como responsables de la formación inicial del profesorado".
Una opinión respaldada por los rectores de CRUE, que en un comunicado se han ofrecido al Ministerio para revisar este medida. Fernández Morante se pregunta dónde están contratados los 114.799 profesores que terminaron sus estudios entre 2015 y 2019. Una medida como esta "apuntala la creencia errónea de que para ser docente basta con conocer la disciplina", enfatiza.
En la actualidad, para ser maestro de Infantil y Primaria se estudia Magisterio -incluye materias de pedagogía, sobre cómo motivar a un alumno o cómo funciona un centro educativo- y si se quiere impartir enseñanza en ESO, Bachillerato o FP se puede tener otra titulación superior (de acuerdo a un decreto sobre especialidades) pero hay que hacer el citado máster.
Conocimientos teóricos pero no prácticos
Eximir de ese máster -antiguamente llamado CAP, Certificado de Aptitud Pedagógica- hace que la persona que vaya a dar clase no solo no haya recibido la parte teórica que conlleva sino sobre todo "la parte práctica, la importante", afirma Diego Redondo, director de un cetro educativo público.
"Un futuro profesor debe conocer qué es un centro educativo, cómo funciona por dentro, cómo funciona un claustro, un departamento, un aula, cómo es la disciplina, cómo se aplica un plan de convivencia", el "día a día lo desconocerá independientemente que pueda tener unos conocimientos teóricos de una materia a nivel de la licenciatura estudiada", recalca Redondo. El anuncio de Educación "demuestra una falta de planificación y previsión, pues esta situación era esperable", añade.
"Un químico sabrá mucha química pero no necesariamente cómo transmitirla a los alumnos", argumenta Rodrigo, un orientador educativo que ha estado diez años como profesor interino y que subraya la importancia de saber manejar "los diferentes niveles de motivación de los alumnos".
En clase hay chicos de todo tipo, por ejemplo, uno con altas capacidades, otro con dislexia, y un titulado sin preparación para la docencia no hará frente a "las distintas circunstancias", comenta Rodrigo, que aboga porque las comunidades hagan más "listas extraordinarias" con profesores o titulados con el máster que no hayan opositado.
"Un químico sabrá mucha química pero no necesariamente cómo transmitirla"
Trabajos precarios
"Faltan docentes desde antes de la pandemia de la Covid" y acabar con "la precariedad" de los contratos, recuerda Rodrigo que cree que la medida de Celaá es "un parche de urgencia". Coincide la responsable de la Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, que aunque ve "razonable" esta "medida excepcional" en estos momentos, asevera que la carencia de profesores se debe a "una falta de previsión". Y a "las malas condiciones que se ofrecen a los docentes", desde empleos a media o un tercio de jornada, sin estabilidad.
El responsable de Política Educativa de STES, José Ramón Merino, pone en duda la legalidad de eximir del máster para la docencia porque se recoge así en el artículo 100 punto 2 de la Ley Orgánica de la Educación (LOE), y cree que se ha revelado "imprevisión" desde el Ministerio. Asimismo, considera "antipedagógico" no tener el citado máster pues "te enseña a saber dar clase o a transmitir el conocimiento, a veces más importante que el conocimiento en sí, que lo puede buscar el alumno en un libro o en internet".
Desde la Unión sindical de inspectores de educación (USIE), su portavoz, Javier Fernández Franco, dice que "no es cierto que en España no haya suficientes profesores con el máster del profesorado" por lo que la medida es "precipitada" y "un error". Solo ve aplicable esta exención del máster "una vez agotadas todas las vías ordinarias y siempre con el informe favorable de la inspección de educación para evitar que la medida sea un coladero."
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha pedido en una carta a Celaá que permita a los periodistas impartir Lengua en centros concertados o privados si tienen el máster habilitante así como Literatura o Lenguas Extranjeras. La actual inhabilitación de los periodistas para dar clase se debe a la aplicación "tardía" de un real decreto que impide ejercer como profesores de esas asignaturas a profesionales de carreras que no estén adscritas a Humanidades y Periodismo pertenece a Ciencias Sociales.
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