Madrid, 27 feb.- El Defensor del Pueblo de España asegura que la población inmigrante en el país padeció un "duro ajuste" durante los años de crisis económica, de modo que la tasa de desempleo en el segmento pasó del diecisiete por ciento en 2008 al 36,53 por ciento durante el año pasado.
Esa institución publicó hoy su informe anual con las quejas que envían los ciudadanos sobre las distintas administraciones del Estado y, en el capítulo dedicado a los inmigrantes, afirma que varios factores les hacen más vulnerables a "los recortes del empleo".
En concreto, estaban empleados en los sectores más afectados por la crisis, como la construcción, su antigüedad laboral es menor debido a su entrada reciente en el país y sus contratos están afectados por un mayor índice de temporalidad.
"Son los más expuestos a reestructuraciones laborales, aunque en una medida bastante similar a la de los nacionales que se encuentran en sus mismas condiciones", añade el documento.
La crisis, sin embargo, no ha hecho mella de modo sustancial en el número de residentes legales en España: en el año 2006 residían legalmente en el país tres millones de personas, a finales de 2010 lo hacían cinco millones y en junio de 2013 la cifra era de 5,5 millones.
De esta cifra, el 49,11 por ciento son nacionales de Estados de la Unión Europea y el 50,89 son de otros países, entre los que destacan 1,7 millones procedentes de América Central y del Sur.
Lo que sí se ha producido es un descenso significativo del número de personas que intentan acceder de manera irregular a España, así como el número de solicitudes de autorizaciones de trabajo y residencia temporales.
El Defensor del Pueblo recibió el año pasado numerosas quejas por la demora en la tramitación de los expedientes de nacionalidad, problema que se arrastra desde hace años.
En concreto, desde el año 2010 a 2013 se formularon 600.732 solicitudes de nacionalidad por residencia, de las cuales 395.880 se habían resuelto a 31 de diciembre de 2013, con un 85,15% de concesiones.
Según el informe, "un número importante de ciudadanos extranjeros que se quejan de estas demoras son originarios de países iberoamericanos".
En un contexto de crisis económica, "la demora en la tramitación de los expedientes de nacionalidad afecta, en primer lugar, al solicitante que ve limitadas sus posibilidades de buscar empleo en otros países de la Unión Europea", dice el documento.
Además tiene impacto en los miembros de su familia que aún no han iniciado los trámites de nacionalidad española pero cuya residencia legal en España depende de la situación laboral del solicitante de la nacionalidad.
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