Defensor del Pueblo pide a ayuntamientos que adjunten fotografías con multas

Madrid, 27 feb.- El Defensor del Pueblo ha pedido a los ayuntamientos que instalen cámaras que recojan las infracciones de tráfico a fin de poder adjuntar en las notificaciones de las multas las fotografías que las acrediten, lo que contribuiría a erradicar la visión de que el único objetivo de las sanciones es "recaudar".

En su informe anual, hecho público hoy, la institución considera "conveniente" que los consistorios se planteen la instalación de estas cámaras, que ya han incorporado Pozuelo de Alarcón (Madrid) o Barcelona, para reforzar las garantías del proceso sancionador y sin que esto suponga un gasto "excesivo" para la Administración Pública.

Para ilustrar esta necesidad, el Defensor del Pueblo narra el caso de un ciudadano catalán que aseguraba que ni él ni su vehículo estuvieron "nunca" en la localidad almeriense de Tíjola, donde fue sancionado solo con el testimonio del policía local denunciante.

"La prueba de que no se ha estado en un lugar es infinitamente más complicada que probar el hecho de que sí se ha estado", ha apuntado la institución, que ha exigido al Ayuntamiento de Tíjola que aporte junto a las multas una prueba gráfica que muestre la infracción del conductor.

Este soporte documental gráfico, a juicio de la institución, podría aplacar el "rechazo" de los ciudadanos a las sanciones de tráfico, que "se torna en indignación" cuando el afectado comprueba que el procedimiento sancionador no se ha tramitado con las debidas garantías.

Precisamente, la institución que dirige Soledad Becerril ha recibido 468 quejas sobre el procedimiento sancionador de tráfico, prácticamente las mismas que el año anterior, que fueron 470, de las que ha admitido a trámite 172, frente a las 127 del año anterior.

Errores de los agentes a la hora de anular la matrícula del vehículo infractor o la redacción incompleta o con errores de la denuncia son algunas de las irregularidades más frecuentes que el Defensor del Pueblo ha detectado a la hora de imponer sanciones.

Como ya denunciara en su informe de 2012, la institución comparte la percepción de la mayoría de ciudadanos de que las multas de tráfico son "muy gravosas" para la economía doméstica en tiempos de crisis, aunque recuerda que las sanciones tienen también como objetivo disuadir de cometer infracciones.

Además, el Defensor del Pueblo denuncia en su informe que "la escasez" de centros autorizados para impartir cursos de sensibilización para recuperar los puntos de la licencia de tráfico obliga a los conductores a realizar "grandes desplazamientos", a pesar de no pueden conducir por la pérdida del carné.

El contrato de concesión vigente para la gestión de estos cursos finaliza el 30 de junio de este año, aunque el PP ha propuesto en una enmienda a la Ley de Tráfico cambiar el actual régimen de concesión a uno de autorización previa con el que se puedan abrir más centros.