Así lo ha destacado este martes la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, en la presentación en Jaén el proyecto de este nuevo marco normativo que ha tenido un "amplio debate", que será "básico" para la sanidad andaluza y que "aspira a ser un referente en el Sistema Nacional de Salud, al no existir otra de esta naturaleza en el conjunto del Estado".
"Ahora más que nunca es necesario defender de manera clara y contundente la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y la necesidad de blindarla ante las tentaciones de privatizaciones y ataques por parte de sectores interesados", ha asegurado.
En su opinión, la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 "quebró en España esta universalidad", porque excluyó a personas de la cobertura sanitaria además de suponer la implantación de un régimen extendido de copagos para todos los ciudadanos y el paso a un sistema de aseguramiento, "lo que supuso un retroceso de la sanidad pública".
"Por contra, la Junta de Andalucía ha elaborado una norma que defiende los logros alcanzados y los hace perdurables en el tiempo y que, unido a esto, es un instrumento eficaz, además de para definir un modelo sanitario, para consolidar y fortalecer una sanidad pública, universal, de calidad, con suficiencia financiera y a la vez eficiente, con transparencia e inspirada en principios y valores irrenunciables", ha afirmado.
La redacción de esta ley ha contado con la participación de distintos agentes sociales, tanto representantes de la ciudadanía como empresariales, sindicales, científicos y profesionales sanitarios.
CUATRO PILARES
Este texto legislativo cuenta con 37 artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales y modifica la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, con el fin de consolidar los avances que han transcurrido desde su aprobación. La sostenibilidad de la sanidad pública se contempla desde una visión integral que se sustenta en cuatro pilares, que son el económico, el social, el ambiental y el del conocimiento.
La financiación se aborda con los ingresos generados, la compra de bienes y servicios, el uso racional del medicamento y las tecnologías sanitarias, así como el papel activo que tienen los profesionales sanitarios. Para ello, se establece que el presupuesto garantizará la financiación necesaria y suficiente para que el Sistema Sanitario Público de Andalucía pueda llevar a cabo las actuaciones que tiene encomendadas por esta norma y por el resto del ordenamiento.
"Seguiremos en las líneas puestas en marcha desde hace años, como son la gestión clínica, las compras homogéneas para todos los centros sanitarios, el uso racional del medicamento, los procesos asistenciales integrados o la cirugía mayor ambulatoria", ha comentado.
Junto a ello, se impulsará la prescripción por principio activo y la selección pública de medicamentos y, además, se establecerán medidas de educación para la salud dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de evitar el consumo innecesario de fármacos.
Este texto plantea la necesidad de una Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público, que permitirá fijar las líneas en formación, investigación e innovación, la necesidad de recursos humanos y materiales y los resultados de salud esperados. Asimismo, se considera la dimensión social del sistema sanitario, a través de elementos claves como son la eficiencia, la equidad, la solidaridad y el diálogo, con una apuesta clara por la gestión abierta y transparente, y un papel clave de la ciudadanía.
Esta nueva normativa reconoce el valor que aportan los profesionales a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, gracias a su implicación y corresponsabilidad, y apuesta por la gestión clínica como el escenario idóneo para avanzar en este ámbito.
"Establece el compromiso por parte del Gobierno andaluz de garantizar un entorno de trabajo saludable y adoptar las medidas necesarias para mejorar sus condiciones laborales, la prevención de riesgos y su salud. En este sentido, se pondrá en marcha un Plan de Igualdad de oportunidades y nuevas estrategias para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar", ha precisado la delegada.
Esta legislación establece también que se actualizará la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética para garantizar que la actividad sanitaria no tenga repercusiones de este tipo y contribuya a la sostenibilidad del espacio físico.
CONOCIMIENTO
En el ámbito del conocimiento, fija que se priorizará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas para ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre su salud, así como para mejorar la eficiencia en la gestión clínica y facilitar la medición de los resultados. Además, se invertirá en investigación e innovación para avanzar más en Biomedicina y Ciencias de la Salud.
Vega ha agregado que esta norma favorecerá las garantías del Sistema Sanitario Público de Andalucía, como la perdurabilidad, sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia.
"Además, refuerza los derechos que ya tiene reconocidos la población andaluza en el ámbito de la salud, de segunda y tercera generación, como el acceso a todas las prestaciones, a la segunda opinión médica, a la libre elección de médico, al consejo genético y a la medicina predictiva, a los cuidados paliativos, o a la historia clínica, entre otros", ha subrayado.
La ley recoge a su vez que no se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de las competencias autonómicas y determina la capacidad para arbitrar medidas para minimizar el impacto en la ciudadanía de la normativa estatal.
ESCUDO ANTE "TENTACIONES DE PRIVATIZACIÓN"
"Ninguna persona quedará excluida de las prestaciones sanitarias por razones económicas. Será un escudo protector frente a las tentativas de privatizaciones y desmantelamiento del sistema, sin comprometer derechos conquistados", ha declarado la delegada territorial.
La Junta de Andalucía propondrá también un Pacto por la Sanidad Pública Andaluza que, en el marco de esta futura Ley de Garantías que "permitirá blindar el sistema y dará seguridad y certeza a la ciudadanía sin poner en cuestión los pilares que lo sustentan".
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