Denuncian posible responsabilidad penal por la boda de un paciente terminal

  • Los hijos de un fallecido en un hospital alicantino han denunciado posibles responsabilidades penales en el matrimonio civil celebrado en este centro sanitario entre una mujer y su progenitor, quien, según afirman, se encontraba en "estado terminal" y falleció dos días después.

Orihuela (Alicante), 23 nov.- Los hijos de un fallecido en un hospital alicantino han denunciado posibles responsabilidades penales en el matrimonio civil celebrado en este centro sanitario entre una mujer y su progenitor, quien, según afirman, se encontraba en "estado terminal" y falleció dos días después.

En el escrito de denuncia se señala que la juez encargada del Registro Civil de Orihuela, "tras la práctica de las oportunas pruebas, ordenó la no inscripción" de este matrimonio civil, al considerar que "no era válido".

En la denuncia, interpuesta ante el Juzgado de Guardia de Orihuela por el representante legal de los denunciantes, se relata que el padre de éstos contrajo matrimonio el 7 de junio de este año en el Hospital de Orihuela, donde falleció dos días después.

Según los hijos del fallecido, su padre presentaba una situación de "estado terminal" que le impedía disponer de "capacidad civil y legal para contratar y obligarse y que no era capaz de comprender los actos más básicos a los que pudiera ser expuesto".

El matrimonio civil, que contó con dos testigos, fue oficiado por el edil oriolano Antonio Luis Galiano (PSOE) y después de que un facultativo del hospital certificara que el estado de salud del fallecido era absolutamente normal, una consideración clínica que rechazan los denunciantes.

El acta matrimonial refleja, según la denuncia, que el hombre "respondió afirmativamente" a las preguntas que le efectuó el edil, pero, sin embargo, no pudo firmarla, "a pesar de saber leer y escribir, por lo que lo hizo con su huella digital".

Por contra, Galiano, a través de un comunicado de prensa, ha explicado que el hombre "estuvo consciente y clarividente para dar su consentimiento en todo momento".

"El mismo contrayente firmó el acta, aunque dado el trazo de la firma por las dificultades de su pulso, añadió una huella dactilar", ha añadido el edil.

Sin perjuicio de las diligencias oportunas, los denunciantes sostienen que tanto la mujer que contrajo matrimonio con su padre como el concejal, así como la hija de ésta y el médico, han podido incurrir en responsabilidad penal, pues la primera y el segundo "urdieron la celebración del matrimonio" con "el evidente ánimo de defraudar los legítimos intereses hereditarios".

Además, exponen que se falseó el acta matrimonial para dar veracidad "a un hecho en el que no podía tener intervención ninguna" el paciente "dado su estado terminal".

Galiano ha manifestado que por delegación celebró esta boda objeto de un procedimiento judicial y ha subrayado que actuó "conforme al procedimiento habitual en este tipo de acontecimientos".

"Me limité a dar cumplimiento al expediente que se había tramitado en el ayuntamiento", ha agregado el concejal quien ya ha testificado en el juzgado por estos hechos.

"Se limitaron a preguntarme si conocía a ambos cónyuges y si tenía algún tipo de interés en que se oficiara la boda, así que supongo que la trascendencia judicial del procedimiento debe ser económica", ha señalado Galiano.

Otro aspecto denunciado en el escrito es que la mujer y la hija fueron quienes formularon "la oportuna petición ante el Ayuntamiento de Orihuela para la celebración del matrimonio, a pesar de conocer el estado terminal" del hombre.

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