Bogotá, 1 feb.- La Procuraduría General de Colombia destituyó e inhabilitó por 20 años a la exdetective de la central de inteligencia, Alba Luz Flórez, conocida como la "Mata Hari" colombiana, dentro de las investigaciones por el escándalo de las escuchas ilegales, se informó hoy.
La Procuraduría señaló en un comunicado que además de Florez, también fueron destituidos otros cuatro servidores del ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), uno de la Policía y tres más de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según la investigación, los sancionados violaron "derechos fundamentales protegidos constitucional y legalmente como el derecho a la intimidad, acceder a documentos públicos reservados y a conversaciones privadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin disponer de autorización legal para ello".
Agrega que los seguimientos se produjeron entre los años 2007 y 2009 y "tenían el propósito de recoger información para adelantar una labor de desprestigio en contra de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia".
Así las cosas, la Procuraduría impuso la máxima sanción disciplinaria, destitución e inhabilidad por 20 años, al subdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Gabriel Romero Sánchez.
La misma sanción fue impuesta a Flórez, la "Mata Hari" colombiana, quien en la época de los hechos investigados ejerció como agente de control dentro de la misión de trabajo denominada "Escalera".
La "Mata Hari" fue la responsable de dejar grabadoras en la mesa de trabajo de los magistrados de la CSJ para su labor de espionaje.
Ellos, agrega la Procuraduría, también tuvieron un incremento injustificado de su patrimonio.
También fue destituido e inhabilitado por 20 años Manuel Steguer Pinzón Casallas, citador y conductor de la CSJ.
Los detectives Hamilton Nonato Mora, Alfredo Erith Romero Hernández y Martha Liliana Alarcón Carreño, de la subdirección de Fuentes Humanas del DAS, fueron destituidos e inhabilitados por 12 años, por omitir el deber de denunciar las irregularidades que se advertían en "operación escalera".
El escolta José David García Fernández, Blanca Yanneth Maldonado López y María Torres Bejarano, auxiliares de servicios generales de la CSJ fueron destituidos e inhabilitados por 10 años cada uno "por su responsabilidad en la obtención de la información en calidad de fuentes humanas".
El DAS, señalado de haber estado al servicio de paramilitares y porque desde allí se hicieron seguimiento y escuchas ilegales, trama que alcanzó a políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos, además de magistrados de la CSJ, durante los gobiernos del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien siempre ha negado haber dado órdenes para esas operaciones.
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