Detenidas en Ciudad Real 4 personas por "traficar con trabajadores" agrarios

Ciudad Real.- El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, ha informado hoy de la detención de cuatro personas y la imputación de una quinta por "traficar con trabajadores" a través de una empresa que ofrecía sus servicios a las explotaciones agrarias.

Díaz-Cano ha explicado en rueda de prensa la detención de esas cuatro personas en el marco de la 'operación Rastro' como presuntos responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores y ha detallado que llegaban a ofrecer de manera fraudulenta los servicios de hasta 90 empleados.

Según el delegado del Gobierno, los detenidos, además de cobrar a los agricultores y a los trabajadores, también se quedaban con parte del salario.

La 'operación Rastro', que culminó el pasado 28 de abril, se ha desarrollado de forma conjunta por el Cuerpo Nacional de Policía y la Inspección de Trabajo en ocho explotaciones agrarias de la provincia de Ciudad Real, en las localidades de Daimiel, Bolaños, Calzada de Calatrava y Granátula de Calatrava.

Inicialmente, se acusa a los imputados de 25 faltas de alta de la Seguridad Social, 18 faltas de permisos de trabajo y 6 cesiones ilegales de trabajadores.

Máximo Díaz Cano ha recordado que los delitos conllevan "importantes" multas económicas y ha indicado que por las faltas de alta de la Seguridad Social se pagan, como mínimo, 600 euros por trabajador, mientras que las faltas de permiso de trabajo y la cesión ilegal de trabajadores están multadas con un mínimo de 6.000 euros por trabajador.

El delegado del Gobierno ha comentado que la empresa contaba con 90 trabajadores, la mayoría de ellos latinoamericanos o de nacionalidad rumana, 11 de los cuales se encuentran en situación irregular en España.

De hecho, cuatro de estas 11 personas ya contaban con una orden de expulsión de España.

Díaz Cano ha subrayado que en breve comienzan en la región las campañas agrícolas más importantes y ha advertido a los responsables agrarios que no se fíen de las empresas de intermediación laboral, y, antes de contratar sus servicios, soliciten información y asesoramiento a las organizaciones agrarias y sindicales.