Una mujer de 33 años fue detenida ayer en el aeropuerto de Ibiza por la supuesta falsificación de tres certificados de PCR con resultado negativo con el fin de poder viajar, y ha sido acusada de delito de falsedad documental, ha informado este viernes la Policía Nacional.
La detenida se disponía a volar con sus dos hijos menores de edad a un país africano, según el comunicado de la Policía.
Las autoridades del país al que viajaba decretaron la obligatoriedad de presentar a la hora de facturar en el aeropuerto de origen un informe con resultado negativo de análisis PCR. En ese momento, la compañía aérea solicitó la presencia policial para verificar los documentos de PCR con resultado negativo.
Tras varias comprobaciones, los agentes pudieron determinar que los documentos no habían sido emitidos por ninguna clínica, incurriendo en un delito de falsedad documental. Los agentes arrestaron a la mujer mientras que los menores se quedaron a cargo del padre, que se encontraba en el aeropuerto de Ibiza.
El PP insta a exigir PCR negativa antes de llegar al hotel
El Grupo Parlamentario Popular, a través de la diputada Salomé Cabrera, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Govern a estudiar la posibilidad de efectuar las modificaciones normativas necesarias para que sea preceptivo la presentación de una PCR negativa hecha con un máximo de 72 horas de antelación en el acceso a establecimientos de alojamiento turístico.
En una nota de prensa, el PP ha explicado este viernes que la responsabilidad de los establecimientos turísticos de alojamiento se limitaría a la verificación de los certificados que se aporten en el acceso a sus instalaciones, así como a facilitar la información sobre dónde pueden llevarse a cabo test diagnósticos en caso de ser necesario.
Para Cabrera, esta medida tendría carácter "transitorio" mientras no se implemente la obligatoriedad de presentar una PCR negativa en origen, que es la medida sanitaria que desde el principio el Partido Popular ha considerado "más apropiada para reactivar con garantías la actividad turística, pero que depende directamente del Gobierno".
Y el objetivo, según el PP, "sería conseguir que los visitantes puedan disfrutar de la máxima seguridad sanitaria y proteger la salud pública, tanto para residentes como para los turistas".
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