Discapacidad. Denuncian la esterilización forzosa como “forma de tortura” a las mujeres con discapacidad

Mujeres jóvenes e incluso niñas con discapacidad son sometidas en Australia a procesos de esterilización sin su autorización y muchas veces sin su conocimiento.
Así lo denunció este jueves la activista y directora general de Advocacy for Inclusion (organización que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad), Christine Ryan, quien participó en la conferencia internacional “Los desafíos del nuevo milenio para las mujeres con discapacidad', organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Madrid.
A su juicio, estas prácticas “suponen una violación de los derechos humanos e incluso representan una forma de tortura”, ya que atentan contra la “integridad corporal de la mujer y contra su derecho a la reproducción.
Hasta 1992, en Australia no se requería autorización judicial para iniciar un proceso de esterilización en menores aunque no incurriesen motivos terapéuticos, con lo que la proporción de afectadas resulta alarmante, aseguró.
El Cermi ha convocado para esta tarde ante el Ministerio de Justicia una concentración para exigir la eliminación del artículo 156 del Código Penal, que contempla la esterilización no consentida de mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país.
NO HAY MOTIVO
Según Ryan,, ninguna de las razones que se exponen habitualmente para justificar la esterilización de mujeres con discapacidad (sobre todo intelectual) “tienen respaldo científico”.
“Se dice que esto ayudará a prevenir embarazos y abusos sexuales, dado el alto índice de violaciones entre las discapacitadas”, afirmó.
En primer lugar, “todos los datos indican que los tratamientos contraceptivos en discapacitados intelectuales dan muy buenos resultados”, prosiguió Ryan,, quien puso en duda que esterilizar ayude a prevenir abusos.
De hecho, “el conocimiento de que una niña es estéril le puede hacer incluso más vulnerable a la violencia sexual, que de cualquier modo es un problema social que afecta a todas las mujeres”, señaló Ryan,.
CUESTIÓN DE GÉNERO
Para Ryan, lo que en el fondo se esconde es la consideración de que las mujeres con discapacidad no deben ser madres, porque “no lo harán bien y sus hijos serán una carga para la sociedad”.
“Se han realizado muchos estudios y ninguno demuestra que los padres con discapacidad (si son convenientemente educados y atendidos) no sean capaces de cuidar a sus hijos, antes al contrario”, subrayó.
“Se trata pues de una cuestión de género”, que les niega a las mujeres su derecho a experimentar relaciones sexuales, a decidir si quieren ser madres y a vivir esta experiencia.
Por último, Ryan alertó de que “los efectos psicológicos y físicos a largo plazo de la esterilización no consentida se ignoran sistemáticamente”, y se preguntó quiénes “son los médicos, los jueces, los padres o los trabajadores sociales para tomar tal decisión”.
La ley australiana cambió en 1992 (introdujo la autorización judicial para esterilizar a menores sin problemas de salud) y en la actualidad “hay un debate abierto” para avanzar en la prohibición total.