Discapacidad. La profesora ciega que pedía un docente de apoyo gana la batalla judicial

Inmaculada Mazón, la profesora ciega que plantó cara a la Comunidad de Madrid por no cumplir la ley que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, ha ganado la batalla, ya que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le daba la razón el pasado mes de mayo es ya firme y, además, sienta un precedente judicial en materia de ajustes razonables en el puesto de trabajo, algo de lo que su protagonista está “muy satisfecha”.
Mazón es profesora titular de la Escuela Oficial de Idiomas desde 2004, cuando aprobó las oposiciones para este puesto, pero como tiene una discapacidad visual grave solicitó un profesor de apoyo que le ayudara en aspectos relacionados con la corrección de textos escritos.
Según explicó este viernes a Servimedia, contó con un docente de apoyo a media jornada desde 2005, momento en que empezó a desempeñar su trabajo tras aprobar las oposiciones, hasta el curso 2012-2013, cuando la solución fue que un compañero de su mismo trabajo le prestara ayuda.
Ya en el siguiente curso, la decisión de la Comunidad de Madrid fue poner a Inmaculada Mazón como profesora de apoyo del departamento, con lo que su trabajo consistió en dar clases de destreza oral.
Convencida de que lo que pedía era justo, pues lo recogía una ley, el decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, Mazón emprendió acciones judiciales que le dieron la razón en junio de 2014, cuando el Tribunal número 19 de Madrid dictó una sentencia a su favor que luego la Administración recurrió y que quedó, por tanto, sin efecto.
En este punto, la afectada presentó un contrarrecurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que este pasado mes de mayo avaló la sentencia del juzgado madrileño del año anterior y consideró, por tanto, que Inmaculada Mazón tenía razón y la Administración Pública debía poner a su servicio un profesor de apoyo para desempeñar su trabajo.
Contra esta sentencia, cuenta la docente, no cabía recurso ordinario, pero sí extraordinario, y no se ha presentado, con lo que la sentencia del TSJM es ya firme y, subrayó, sienta un precedente que debe animar a las personas con discapacidad que se encuentren en una situación similar a la suya a pedir los recursos que por ley les pertenecen.
En este sentido, Mazón aseguró que hay muchas personas con discapacidad que se pagan “de su bolsillo” los apoyos que precisan para desempeñar con normalidad su trabajo, algo que en su opinión no deberían hacer, y menos ahora, que ya se les ha “allanado el camino”.
PLAZA
“Contenta y satisfecha” con este logro, Inmaculada Mazón considera, no obstante, que su lucha no ha terminado, ya que ahora peleará para que la Comunidad de Madrid le conceda plaza en el centro en el que trabaja desde 2011 en comisión de servicios, que es el Jesús Maestro de Madrid.
Su plaza está, según indicó, en la Escuela Oficial de Idiomas de Alcalá de Henares, pero ella solicita la comisión de servicios, es decir, poder ejercer en otro lado por motivos humanitarios, por las dificultades que debido a su discapacidad le supone llegar hasta allí, ya que, dijo, le llevaría dos horas hacerlo y, sobre todo, le supondría un esfuerzo importante al manejarse con bastón y tener que utilizar la Renfe diariamente.
Por este motivo, se ampara de nuevo en el decreto 2271/2014, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad y solicita que se le conceda plaza en el centro en el que desempeña su trabajo desde 2011, el Jesús Maestro de Madrid.
Dicho decreto señala, concretamente, que “en los procesos de acceso a personal funcionario, se da preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad, siempre que se justifique por razones territoriales, de dependencia personal o análogas”.
Y prosigue: “Se evitará así que la inadecuación de un destino a los condicionamientos que la discapacidad provoca tenga como resultado la no incorporación del candidato que haya superado las pruebas a un puesto de trabajo”.
Con esta base legal, la docente está pensando en acudir de nuevo a los tribunales, algo que, afirmó, sopesa también con la ayuda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).