Madrid, 15 feb.- Dos de los nueve miembros de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, nombrada por el ministro José Ignacio Wert, han escrito un anexo al documento final expresando dudas sobre la selección directa del profesorado y el peso de las CCAA en la elección de los rectores.
Se trata de los profesores de Derecho Constitucional Óscar Alzaga y Mariona Urrea que, sin embargo, han suscrito el informe final titulado "Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español", que desde hoy puede conocerse en la página web de este departamento.
El informe recomienda el acceso a las plazas de personal docente e investigador (PDI) de las universidades españolas a través de acreditaciones públicas nacionales según el número de plazas requeridas y también por la contratación directa e indefinida por las propias universidades.
Ante esa segunda vía, Alzaga y Urrea muestran "reservas" y se cuestionan la "compatibilidad" de otorgar a una administración pública como la universitaria la capacidad de contratar de forma directa a un colectivo significativo de profesores.
Aunque no rechazan la conveniencia de que en las universidades "existan mecanismos flexibles de contratación" que faciliten a "magníficos colegas procedentes de otras universidades y, por supuesto de otros países", advierten "de las dificultades de acomodar" las fórmulas de contratación directa, propias del ámbito privado, cuando quien contrata es una universidad pública sometida al Derecho público.
Tampoco les parece "convincente" a estos dos profesores el que el documento final de la Comisión de Expertos recomiende hacer coincidir el número de profesores acreditados -en la actualidad hay más de 5.000 acreditados sin plaza- con el número de plazas convocadas por las universidades, de tal forma que solo haya acreditados cuando haya plazas.
Alzaga y Urrea creen que si fuera así dentro de unos años tendríamos un número importante de profesores trabajando en la docencia y en la investigación "sin ningún tipo de estímulo ni reconocimiento".
Ellos recomiendan mantener la primera fase de selección para ser profesorado acreditado prescindiendo de si hay o no plazas.
También muestran reparo estos dos expertos en que se renuncie a la función que desarrolla la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) sobre los cuerpos de profesores funcionarios.
Un segundo punto importante de discrepancia con respecto al informe final es el referente al gobierno de las universidades, porque el documento dice que será el Consejo de la Universidad -formado en un 50 % por el claustro, un 25 % por la correspondiente CCAA y un 25 % seleccionados por los anteriores- el que elija a los rectores.
Alzaga y Urrea tienen "dudas razonables sobre la constitucionalidad de este modelo"al conllevar "una injerencia de las CCAA en el contenido esencial de la autonomía de las universidades", invadiendo su autogobierno y "afectando indebidamente su espacio de libertad intelectual".
Ellos apuestan porque sea el claustro el que elija los miembros del Consejo de la Universidad, entre claustrales cualificados al efecto.
La Comisión de Expertos, que fue nombrada en abril por el Consejo de Ministros y comenzó sus trabajos en junio, ha estado formada por: la presidenta María Teresa Miras-Portugal y los vocales Óscar Alzaga, José Adolfo de Azcárraga, José Campmany, Luis Garicano, Félix M. Goñi, Rafael Puyol, Matías Rodríguez, Mariola Urrea.
Dos de los iniciales miembros -Salvador Barberá y Elisa Chulia- causaron baja en el grupo de trabajo "por razones personales" hace unos meses, según ha informado el Ministerio.
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