Desde California a las Carolinas, la escasez afecta a la mayoría de los 31 estados que mantienen la pena de muerte, y contribuye a la reducción del número de ejecuciones en Estados Unidos, que han disminuido desde 1999.
La controversia surgió el martes cuando la Corte Suprema frenó la ejecución de Ernest Johnson, de 55 años y con un tumor cerebral, condenado por triple asesinato en Misouri.
La ejecución debía ser realizada con drogas que incluyen el pentobarbital, que adormece el sistema nervioso central, incluidas partes del cerebro.
Los abogados de Johnson sostienen que el uso de esta droga causará a su cliente un sufrimiento "intolerable", lo que violaría la prohibición constitucional de aplicar "castigos crueles".
"Las drogas han sido un reto desde hace mucho tiempo, desde finales de los años '80", dijo Deborah Denno, experta en pena de muerte y directora del Centro de Neurociencia y Leyes de la Universidad Fordham, en Nueva York.
"Ahora es un reto mayor debido a la escasez de drogas que comenzó alrededor de 2009", dijo a la AFP.
Desde enero de 2014, se han dado numerosas ejecuciones desastrosas, provocando la indignación de los ciudadanos.
Oklahoma estuvo en el centro de todas las miradas luego de que Clayton Lockett, condenado a la pena capital por asesinato, violación y secuestro, agonizara durante 43 minutos antes de morir y se le pudiera ver retorciéndose de dolor durante su prolongada ejecución.
En Ohio, Dennis McGuire murió 25 minutos después de padecer un gran ahogo, y Joseph Wood falleció en Arizona 117 minutos después de que le aplicaran la inyección.
Durante años, las compañías farmacéuticas -la mayoría de ellas con sede en Europa, donde la pena de muerte fue abolida- se han negado a suministrar las drogas necesarias para cumplir con las ejecuciones, lo que ha llevado a algunos estados estadounidenses a buscar proveedores que carecen de los controles de los reguladores estadounidenses.
"Lo que sabemos es que los estados están bordeando la ley y tratando con laboratorios con escasa reputación", dijo Dale Baich, abogado de oficio en Arizona que defiende a prisioneros en el corredor de la muerte.
Algunos estados, como Arizona y Nebraska, han intentado comprar el barbitúrico tiopentato de sodio furtivamente en India.
"El tema seguirá mientras los estados continúen manteniendo el secreto dónde adquieren drogas para las ejecuciones con inyecciones letales", dijo Baich.
La revisión los protocolos para las inyecciones letales por parte de algunos estados para operar cambios en los cócteles de drogas ante la escasez, ha disparado acusaciones de improvisación en los procedimientos.
Se han reportado incidentes de sobredosis, intolerancia de drogas y errores en la preparación de las inyecciones.
El mes pasado, se hizo pública la autopsia de un recluso de Oklahoma que mostraba que había muerto por acetato de potasio, una droga que no está en la lista del protocolo aprobada, en lugar de cloruro de potasio.
Un gran número de condenados a muerte se quejan ante la justicia alegando que ciertas drogas pueden causar a los presos un terrible sufrimiento.
Por ello, Ohio ha retrasado todas sus ejecuciones hasta 2017.
Virginia ha tenido que pedir limosna para conseguir pentobarbital procedente de Texas, el estado más activo en lo que se refiere a la pena capital.
"Parece que Texas tiene un suministro constante de drogas por motivos que se desconocen", explicó Denno, sugiriendo que las podrían estar recibiendo de farmacias que elaboran sus propias drogas, las cuales no siguen una regulación tan estricta como los fabricantes tradicionales.
El estancamiento ha llevado a algunos estados a volver a los viejos métodos. Utah ha aprobado el uso del pelotón de fusilamiento si no hay drogas letales disponibles, y Oklahoma -antes de suspender las ejecuciones- había aprobado la cámara de gas.
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