Desde el pasado 1 de agosto, los drones de la DGT -uno de los principales proyectos del organismo dirigido por Pere Navarro- empezaron a multar en Canarias. Fecha clave, pues coincidía con la mayor operación salida del año en la que se preveían millones de desplazamientos por carretera.
Sin embargo, la organización Automovilistas Europeas Asociados (EAE) ha cuestionado la validez legal de las denuncias por las infracciones captadas. ¿El motivo? Considera que carecen de garantías jurídicas necesarias y avisa de que las multas son recurribles.
La organización sostiene, pues, que las denuncias no son observadas directamente por agentes de la Guardia Civil. De este modo, consideran que se está equiparando las denuncias cuyas infracciones han sido observadas por agentes de la autoridad a aquellas que han sido constatadas por empleados públicos de la Unidad de Medios Aéreos de la DGT (UMA) o, incluso, las captadas por "medios técnicos automatizados" como en el caso de las infracciones captadas por cámaras por no llevar el cinturón o hablar por teléfono móvil.
Falta de garantías jurídicas
La AEA "celebra", no obstante, la utilización de estas aeronaves pilotadas por control remoto para las misiones de regulación del tráfico, pero advierte de que estas sanciones podrían ser objeto de impugnación por no reunir las necesarias garantías jurídicas.
En concreto, avisa de que los funcionarios de la UMA no son agentes de la autoridad de modo que solo gozarían de presunción de veracidad aquellas formuladas por observación directa de los agentes de la Guardia Civil y no por los funcionarios de la DGT, por cuanto "son los únicos que tienen la condición de agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico".
Por otro lado, denuncia que en este momento "ningún dron" está sometido a "ningún control técnico" que certifique su correcto funcionamiento de acuerdo con la Ley de Metrología y añade que las pruebas metrológicas a las que según la DGT se han sometido estos aparatos "sólo tienen carácter de ensayos voluntarios de equipos que no garantizan ni su buen funcionamiento ni la inalterabilidad de las imágenes".
Por ello, la organización considera que antes de iniciar cualquier procedimiento sancionador con sistemas de captación de imágenes de "dudosa legalidad", la DGT debería promover una "mayor presencia física" de la Guardia Civil en las carreteras y devolver a sus agentes "el protagonismo que le corresponde para mejorar la seguridad vial y la regulación del tráfico".
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