Madrid, 31 oct.- Seo/Birdlife, WWF y Ecologistas en Acción han acusado hoy a la ministra Isabel García Tejerina de querer abdicar de su responsabilidad en el polémico tema de la caza dentro de los parques nacionales, y de primar el interés privado de unos pocos sobre el interés general.
En réplica a las críticas de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hacia los grupos ecologistas por no quererse sentar con propietarios de cotos de caza enclavados en parques nacionales, las tres ONGs han coincidido en que ese papel no les corresponde a ellas sino a la Administración.
Los ecologistas han denunciado que la ley de parques nacionales actualmente en tramitación parlamentaria abre la vía a que los propietarios de cotos de caza en los parques nacionales lo puedan seguir haciendo más allá de 2017, fecha límite recogida en la legislación vigente.
El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, y la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, coinciden en declaraciones a EFE que no se les puede acusar de falta de diálogo cuando llevan haciéndolo desde que comenzó a elaborarse la norma (hace dos años) y, ya entonces, advirtieron de que este punto era el nudo gordiano.
La negativa a reunirse con los propietarios no obedece a la ausencia de talante dialogante sino a que ese papel debe jugarlo la Administración, insisten.
"No somos quienes tenemos que buscar una solución al problema, es la ministra la responsable de la red de parques nacionales", explica Del Olmo, que asegura que ellos no tienen nada que pactar con unos particulares.
El objetivo es el cumplimiento de la ley y se deje de cazar en 2017 en los parques, porque esta actividad "va en contra del ADN" de los espacios naturales de máxima protección en España, añade.
Los responsables de las tres organizaciones coinciden en que la ministra está primando los intereses privados de unos pocos.
Pese a "entender y respetar la propiedad privada, defendemos sin complejos lo que es nuestra misión: el interés general", resume Asunción Ruiz.
En este sentido, Oberhuber de Ecologistas en Acción apunta a que el principal problema se deriva de la finca propiedad de Alejando Aznar y Mónica Oriol, íntegramente situada en el Parque Nacional de Cabañeros, y de sendas fincas de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, que parcialmente están ubicadas en dicho espacio natural.
Las últimas afirmaciones de la ministra "lo que demuestran es que detrás de la polémica enmienda 278 del proyecto de ley de parques nacionales hay un claro interés privado, es decir, quiere matar moscas a cañonazos" (extendiendo la actividad de la caza comercial a otros parques).
La enmienda, presentada por el grupo popular, es la que posibilitaría ampliar el plazo más allá de 2017.
Según Oberhuber, el problema no es el dinero y, de hecho, las ONGs ecologistas no se oponen a que los propietarios cobren una indemnización por lucro cesante.
"Nadie quiere expropiar un derecho. Los propietarios tienen derecho a una compensación e indemnización justa", concluye Del Olmo.
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