El nuevo dispositivo, decretado el domingo por el jefe de Estado, llega en un contexto de ataques en cascada contra el ejército y la policía, cometidos principalmente por el grupo yihadista Provincia del Sinaí, la rama egipcia de la organización Estado Islámico (EI).
Un polémico artículo de la nueva ley prevé, en caso de atentados, importantes multas para los periodistas y medios de comunicación, incluso extranjeros, que den informaciones contradictorias con los comunicados y balances oficiales.
El proyecto de ley inicial preveía incluso penas de cárcel, pero la reacción del gremio periodístico obligó al gobierno a dar marcha atrás.
La controvertida ley, publicada en el Boletín Oficial, establece una multa mínima de 200.000 libras egipcias (25.000 dólares, 22.500 euros) y una máxima de 500.000 libras por difundir informaciones "falsas" sobre los ataques o los operativos contra combatientes islamistas.
El dispositivo apunta también a las redes sociales, en las que las voces disidentes son muy activas.
Según los defensores de las libertades, el gobierno egipcio busca así intimidar a los medios de comunicación internacionales, muy presentes en El Cairo, y terminar de amordazar a una prensa egipcia que no obstante no deja de elogiar, en su casi totalidad, la "guerra contra el terrorismo" declarada por Al Sisi.
Ya en julio, Amnistía Internacional calificó el proyecto de ley de "ataque flagrante contra los derechos a la libertad de expresión y de asociación", "una herramienta más para aplastar toda forma de oposición".
Asimismo, la ley establece la pena de muerte para los condenados por crear, liderar o financiar "grupos terroristas", y prisión para los culpables de promover el "terrorismo".
La "guerra contra el terrorismo" en Egipto se dirige por lo esencial contra los Hermanos Musulmanes, que sin embargo condenan con regularidad los atentados cometidos.
Los Hermanos Musulmanes ganaron todas las elecciones tras la caída del régimen de Hosni Mubarak en febrero de 2011, al calor de la Primavera Árabe iniciada en Túnez.
Abdel Fattah al Sisi, entonces jefe del ejército, lideró un golpe militar que derrocó el 3 de julio de 2013 al presidente islamista Mohamed Mursi, el primero electo democráticamente y procedente de las filas de los Hermanos Musulmanes.
Tras el golpe, el nuevo poder mató a 1.400 partidarios de Mursi, que se manifestaban en las calles, y encarceló a más de 15.000 hermanos musulmanes o simpatizantes. Igualmente, la justicia del país condenó a muerte en primera instancia a cientos de ellos, incluyendo al propio ex presidente Mursi.
En represalia a esta política, calificada por Amnistía Internacional y otras ONG como "más represiva" que la de Mubarak, grupos yihadistas, como Provincia del Sinaí, han multiplicado los ataques a policías y soldados, con un balance de cientos de muertos en dos años.
La rama egipcia del Estado Islámico, organización que proclamó un califato en los territorios bajo su control en Irak y Siria, cambió luego de estrategia y empezó a atacar intereses occidentales.
Provincia del Sinaí reivindicó un atentado con coche bomba el 11 de julio contra el consulado de Italia en El Cairo, que mató a un transeúnte. También reivindicó la semana pasada la decapitación de un joven croata empleado de una compañía francesa y secuestrado a 22 km al sur de la capital egipcia.
Al día siguiente del asesinato, el 29 de junio, del fiscal general Hisham Barakat en un espectacular atentado en El Cairo, Al Sisi prometió una legislación antiterrorista más severa.
Tras esto hubo el 1 de julio una serie de ataques del EI contra militares en la península del Sinaí. Al ejército le enfadó mucho que algunos medios occidentales contradijeran los balances oficiales, que daban parte de 21 soldados muertos.
bur-gir/avl.zm
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