El 6,5 % de presos españoles sufre discapacidad intelectual, según el CERMI

Madrid, 14 oct.- El 6,5 % de los presos españoles padece discapacidad intelectual o enfermedad mental y se enfrenta a una "doble discriminación", según ha subrayado hoy el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), que cita datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Durante la jornada "Las personas con discapacidad ante el proceso penal", Torcuato Recover, miembro del comité ejecutivo del CERMI, ha asegurado que no es admisible que "se siga condenando" a este colectivo y por ello ha propuesto establecer medidas de protección y reconocimiento de sus derechos o la intervención de mediadores.

El coordinador de la Red de Juristas de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) ha incidido en la necesidad de una formación adecuada para lograr la detección precoz y dotar de especial atención a los afectados, ya que, según señala este comité en un comunicado, hay un "total y absoluto" fracaso del sistema penal en este sentido.

Por su parte, la asesora jurídica de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), Irene Muñoz, ha destacado que el 3 % de las personas con enfermedad mental grave ha cometido un delito, "un porcentaje muy inferior al del resto de la población".

Con ello ha querido criticar la "creencia generalizada" de que los enfermos mentales cometen delitos por su condición: "El sistema sociosanitario les condena a una sospecha perpetua o a tratamientos inadecuados", ha matizado.

En representación del Ministerio de Justicia, Cristina Martínez Arrieta ha explicado que la modificación del Código Penal prevé que las personas con discapacidad intelectual sean objeto de especial protección, añade la nota.

Para Martínez Arrieta, la asistencia jurídica gratuita para los afectados supone un "importante avance, que se acompaña de una atención jurídica especializada".

Ha recordado además que entre las propuestas que plantea Justicia se encuentran un reglamento y protocolo de las oficinas de asistencia a las víctimas, la coordinación entre distintos departamentos (Policía, Protección Civil, etc) y la regulación de los psicólogos que prestan servicios a los afectados.