Nueva York, 4 dic.- Un estudio de la American Civil Liberties Union (ACLU, por su sigla en inglés) reveló hoy que el 83 % de las personas deportadas de Estados Unidos en 2013 no tuvieron una audiencia judicial ni vieron a un juez de inmigración.
De las 438.421 deportaciones que se realizaron el año pasado, según el Departamento de Estado de EE.UU., el estudio señala que 326.279 de las personas fueron expulsadas mediante "procesos administrativos precipitados en los que el mismo oficial de inmigración que los presidía oficiaba de abogado, juez y carcelero".
En este tipo de procesos, denominados deportaciones sumarias, los afectados son coaccionados para que firmen formularios que quizás no comprenden y amenazados y mentidos sobre sus derechos, circunstancias bajo las cuales es posible que alguien con derecho a permanecer en el país olvide este derecho, dice el artículo.
El estudio destaca que, en muchos de estos casos de deportación rápida, los expulsados eran personas que habían vivido durante años en EE.UU. y tenían hijos ciudadanos estadounidenses, y señala que en ocasiones los deportados hasta tenían la ciudadanía estadounidense.
Un ejemplo es María de la Paz, con nacionalidad estadounidense, que, según ACLU, recibió una orden de expulsión rápida de un oficial de la Patrulla de Frontera que no creyó que un ciudadano estadounidense solamente hablara español, por lo que tuvo que pasar años en México antes de poder volver a EE.UU.
Además, muchos procesos de deportación sumaria se centraron en personas arraigadas en Estados Unidos que abandonaron el país por un periodo breve de tiempo y les expulsaron durante su viaje de regreso.
La organización sin ánimo de lucro relata el caso de Inocencia C., de origen mexicano, que había vivido en los EE.UU. durante 15 años y era madre de tres niños estadounidenses cuando la deportaron mediante una expulsión rápida al volver a su domicilio en California desde México.
En la mayoría de los casos, los deportados de Estados Unidos por vía sumaria que tenían sus vidas y familia del país quieren volver con sus allegados, lo que comporta dos probables consecuencias.
Si no son detenidos, el estudio alerta que estas personas "se enfrentan a un futuro incierto sin manera de arreglar su condición migratoria según las leyes de inmigración actuales". Por el contrario, si son arrestados pueden exponerse a acciones penales y a un largo periodo de encarcelamiento.
Una situación que se agrava cuando los objetos de deportaciones son niños. El estudio refleja que el 95 % de los menores mexicanos que llegan a territorio estadounidense sin compañía de un adulto son retornados a México sin ver a un juez, y solo a uno de once entrevistados "le preguntaron por su temor a regresar a México".
A los más de 11,3 millones de indocumentados del país, en su mayoría de origen hispano, se sumaron en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre por lo menos 66.000 niños centroamericanos que cruzaron solos la frontera con México, huyendo de la violencia, pobreza y falta de oportunidades.
"Muchos dijeron a ACLU que preferían estar en la cárcel de Estados Unidos antes que muertos en su país de origen", apunta el estudio.
El texto narra diversas situaciones en que los deportados se enfrentaron a circunstancias terribles una vez fueron retornados a sus países de origen, así como violaciones y asesinatos.
Especialmente estremecedor es el testimonio de Nydia R., una mujer transexual que tenía condición de asilada en Estados Unidos cuando fue deportada sin audiencia y atacada por dos hombres en México, que la violaron, intentaron extraerle los implantes de senos, la secuestraron y acabó siendo víctima de explotación sexual.
El pasado noviembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció un conjunto de medidas que beneficiarán a los indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, que demuestren que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y que carezcan de antecedentes criminales.
Unos cinco millones de indocumentados, de los once millones que residen en el país, podrán obtener un permiso de trabajo temporal que legalice su estatus, una medida a la que se opone el Partido Republicano.
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