Jaled Abdalá
Saná, 11 dic.- El avance militar logrado por el movimiento chií de los hutíes durante este año en zonas del centro y norte de Yemen amenaza con hundir al país en un conflicto sectario entre chiíes y suníes, y con deteriorar aún más la ya precaria situación política.
Los hutíes tomaron el control de Saná el 21 de septiembre y obligaron al Gobierno encabezado por Mohamed Salem Basandaua a dimitir, aprovechando una ola de descontento popular estallada contra la supresión de los subsidios a los combustibles.
Una vez satisfechas sus demandas, ignoraron los reiterados llamamientos a retirarse de la capital, y despertaron los temores a que su objetivo real fuera alcanzar el poder, algo que ellos niegan.
La milicia chií, también conocida como "Ansar Alá" (Seguidores de Dios), creó "comités populares" en la mayoría de las instituciones del Estado para luchar contra la corrupción financiera y administrativa.
Asimismo, empezó a efectuar las labores de la Policía yemení, con el establecimiento de patrullas y puestos de vigilancia en las calles, y la custodia de instalaciones vitales.
La captura de la capital por parte de los "hutíes" sorprendió hasta a los propios líderes del movimiento, que ya libró una guerra contra el Gobierno central entre 2004 y 2006, y que controla desde 2010 la provincia de Saada.
"Ni siquiera nosotros esperábamos esta inesperada victoria", dijo recientemente el miembro de la Oficina Política de la milicia, Taha al Mutawakel, quien destacó que luchan contra "la corrupción y la injusticia que sufre el pueblo yemení".
Los hutíes, además de controlar Saná, se expandieron hacia el oeste del país, donde conquistaron la provincia de Al Hodeida, con su puerto en el mar Rojo, el segundo en importancia de Yemen.
Posteriormente, entraron en la vecina provincia de Hasha, fronteriza con Arabia Saudí, y luego en las de Eb y Al Baida, ubicadas en el centro del país.
La expansión hutí desencadenó combates con sus rivales suníes, tanto de las tribus como de la red terrorista Al Qaeda, que en 2014 ha seguido perpetrando atentados contra las fuerzas de seguridad yemeníes y en los últimos dos meses también ha puesto el punto de mira en los milicianos chiíes.
Los chiíes, que pertenecen a la rama zaidi de ese credo, representan alrededor del 40% de la población yemení, que es mayoritariamente suní, pero no todos apoyan a los hutíes, nombre que reciben por su fallecido fundador Husein al Huti.
El movimiento hutí ha aprovechado la debilidad del presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, que lidia con unas fuerzas políticas y un Ejército fragmentados por un conflicto que estuvo a punto de causar una guerra civil en el año 2011.
Ese año estallaron masivas protestas que desbancaron del poder al dictador Ali Abdalá Saleh, sancionado por EEUU el pasado noviembre por su participación en actividades que "amenazan la paz, la seguridad y estabilidad de Yemen".
A Saleh se le acusa de entorpecer la transición en Yemen, liderada por Hadi gracias a un acuerdo auspiciado por los vecinos países del golfo Pérsico.
En virtud de esa iniciativa, Hadi nombró a finales de 2011 a Basandaua jefe de un Ejecutivo de consenso nacional, integrado por miembros del exgobernante Congreso Popular General, de Saleh, y de los partidos opositores.
Los hutíes no lograron ningún puesto en ese primer Gobierno y también han rechazado ocupar carteras en el Ejecutivo de Jaled Bahah, formado este noviembre tras la forzada dimisión de Basandaua.
La elección de este nuevo Gobierno y de Bahah como primer ministro de consenso fue fruto de un acuerdo alcanzado el 21 de septiembre por el presidente y los rebeldes hutíes, después de su irrupción en la capital.
Los chiíes, en su empeño de demostrar que no tienen aspiraciones por alcanzar el poder, decidieron ceder sus puestos en este nuevo gabinete a representantes de los movimientos del sur del país, la mayoría de los cuales abogan por la independencia de la región meridional de Yemen.
Este es otro de los frentes que tienen abiertos las autoridades yemeníes, blanco de las críticas de las esporádicas protestas de los separatistas sureños.
Los históricos conflictos entre el Gobierno central con los hutíes y los sureños fueron los principales asuntos -junto a la transición política- abordados en una Conferencia del Diálogo Nacional, que terminó este enero.
Las conclusiones de ese diálogo estipularon una serie de medidas para compensar a los hutíes y a los sureños por los daños sufridos durante los citados conflictos, y para otorgarles más poder de autogestión.
Ambas partes han denunciado que no se han dado pasos en este sentido, lo que deterioró las relaciones y también favoreció que los hutíes lanzaran su ofensiva y los sureños prosiguieran con sus manifestaciones, alejando las posibilidades de una pronta reconciliación.
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