El cermi pide renovar la agenda política de la discapacidad en atención, protección y promoción de las familias


El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha llamado la atención este lunes sobre la necesidad de renovar la agenda política de la discapacidad en relación a la atención, protección y promoción de las familias, con el objetivo de que las familias se conviertan en un agente de inclusión para las personas con discapacidad.
Así lo reclamó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en la inauguración de la jornada ‘La familia, agente de inclusión de las personas con discapacidad’, en la que incidió en que el ámbito familiar necesita un replanteamiento y, a su vez, un nuevo marco normativo de apoyos e incentivos para las familias.
En este sentido, advirtió de que no hay que ver a las familias sólo como una red de protección, sino, sobre todo, como un agente de inclusión. Por ello, en su opinión, hay que ver qué políticas públicas tenemos que diseñar para conseguir ese papel de la familia como agente de protección y promoción de la inclusión.
Por su parte, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, que también inauguró la jornada, aseguró que su Ministerio está poniendo en marcha distintos planes de acción en este sentido, ya que da “mucha importancia” a las familias, por lo que impulsarán políticas y harán que la familia sea protagonista en la discapacidad.
El doctor en Sociología y director de la consultora Intersocial, Agustín Huete, destacó que en España el 93% de las personas con discapacidad viven en el hogar familiar y el 55% son los que reciben apoyo de las familias; la discapacidad se asocia a la edad, por lo que la mayoría de las personas con discapacidad son personas mayores; más de 600.000 personas con discapacidad viven solas y casi 900 hogares están compuestos por personas con discapacidad; y un 20% de la población con discapacidad en España está asociada a entidades sociales de la discapacidad.
Asimismo, durante su intervención sobre la familia de personas con discapacidad como primera red de apoyo, apuntó que el soporte a las personas con discapacidad dentro de las familias son las mujeres (pareja, madre, hija y hermana), y que la discapacidad en las familias tiene, sobre todo, un impacto financiero, y, en este sentido, señaló que en 2008 las familias de personas con discapacidades en España gastaron más de tres mil millones de euros. Es decir, expuso, como media el 10% del presupuesto familiar va destinado a personas con discapacidad, cuando tienen un menor acceso a ingresos, una actividad laboral más baja y unos salarios más bajos también.
Para Huete, es “necesaria” una renovación del movimiento asociativo de familias; un fortalecimiento de la presencia de las familias como agente clave; un reconocimiento público de los apoyos y su impacto en el hogar, como primer paso hacia el cambio social; una potenciación de medidas de sensibilización masiva sobre autonomía personal y apoyos hacia las familias; y una aplicación permanente de la perspectiva de género.
Por otra parte, Beatriz Vega, de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), resaltó que “no hay una fórmula mágica para hacer inclusión”, la cual es “un factor determinante en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, que “es muy diferente” para cada familia, aunque las dimensiones sean las mismas.
Además, la coordinadora de la Red de Infancia con Discapacidad del Cermi y asesora jurídica de la Confederación Feaps, Inés de Araoz, abordó a la familia y la infancia con discapacidad, a la luz de la Convención de la ONU. En esta línea, concluyó que el tratado internacional reconoce derecho a formar o crecer en el seno de una familia, su derecho a contraer matrimonio y a ser madres y padres, su relación con los derechos humanos de capacidad jurídica e integridad personal; la obligación de prestarles apoyos, y la existencia de vulneraciones muy graves, que han sido recogidas en informes del Cermi.
Entre estas vulneraciones, apuntó distintos casos, como las esterilizaciones involuntarias a personas con discapacidad, la discapacidad como argumento en los procesos de divorcio, la retirada de la custodia de niñas y niños a padres con discapacidad intelectual o la denegación de la adopción a personas con discapacidad visual.

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