Madrid.- El Congreso emprende hoy el debate irreconciliable sobre la reforma del aborto que promueven PSOE, BNG y ERC, IU e ICV y que rechazan, en mayor o menor medida, PP, UPyD, UPN, CIU y PNV.
El Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece el aborto libre hasta la semana catorce de gestación y permite a las chicas de 16 años decidir al respecto, sin contar con la opinión de los padres.
El texto, que modificará la legislación vigente desde 1985 y que debería ser compatible con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, considera el aborto como un "derecho" de las mujeres, lo que conlleva la consiguiente derogación de este delito del Código Penal.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha confiado en que la nueva Ley concite el mayor consenso posible, incluido el aspecto referido a que las chicas de 16 años no tengan que consultar a sus padres a la hora de poner fin a su embarazo.
"No es la Ley de los 16 ni del aborto", ha comentado Aído, quien ha asegurado que sus objetivos abarcan contenidos mucho más amplios relacionados con la salud sexual.
Pese a la voluntad de consenso de los socialistas, PP, UPyD, UDC-CIU y UPN han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto, mientras que las de PNV, ERC-IU-ICV y BNG han sido parciales.
La iniciativa pasó primero por el Comité de Bioética de España (CBE), que respaldó el proyecto gubernamental, pero pidió que se incluyera la recomendación de informar a los padres de las menores.
El proyecto ha recogido las recomendaciones de la Comisión de Expertos convocada por el Ministerio de Igualdad así como las conclusiones de una comisión parlamentaria que se creo para recabar opiniones sobre el nuevo sistema de plazos.
El texto llega a la Cámara Baja sin contar con un informe del Consejo General del Poder Judicial y con la opinión desfavorable del Consejo Fiscal.
Los informes de estos dos órganos son de carácter meramente consultivo y su objetivo es aconsejar al Gobierno en la fase de elaboración de las leyes.
El desacuerdo en esta ocasión llegó al punto de que el CGPJ decidiera, por primera vez en 29 años, no emitir un dictamen sobre esta reforma legislativa.
En el Consejo Fiscal también se pusieron de relieve las discrepancias, pero finalmente prosperó un texto, por un sólo voto, que considera inconstitucionales algunos artículos.
No obstante, ambos órganos consultivos han coincidido en defender la conveniencia de que los padres de una menor que vaya a abortar deban ser consultados.
Desde la Iglesia católica, el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha advertido a los políticos creyentes de que si apoyan la nueva Ley del Aborto están en "pecado público" y no podrán comulgar.
Las organizaciones pro-vida celebraron una multitudinaria manifestación el pasado 17 de octubre, bajo el lema "Cada vida importa", con el objetivo de que se paralice la liberalización del aborto.
Ayer, más de un centenar de académicos, doscientos juristas y unos 2.500 científicos en defensa del derecho a vivir han pedido a los partidos políticos que den libertad de voto a los parlamentarios ante este controvertido asunto.
En una rueda de prensa, los firmantes del Manifiesto de Académicos, el Manifiesto de Juristas y la Declaración de Madrid, tres documentos contrarios al aborto, han apelado a la "conciencia" de los diputados un día antes de que comience el debate.
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