El congreso rechaza revocar el acuerdo que niega la extradición de personas acusadas de crímenes en el franquismo

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves, con 34 votos a favor, 174 en contra y 100 abstenciones, revocar el acuerdo del Consejo de Ministros del 13 de marzo de 2015 que niega la extradición solicitada por las autoridades argentinas de varias personas acusadas de graves crímenes cometidos durante la dictadura franquista.
El Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural defendió el miércoles en la Cámara Baja una moción para revocar este acuerdo, que fue presentada por el diputado de La Izquierda Plural Joan Josep Nuet.
Este parlamentario pidió “verdad, justicia y reparación” para los crímenes cometidos durante el franquismo, y hacer de esta manera “un favor a nuestra historia y a nuestra convivencia”.
Para el parlamentario, el Consejo de Ministros dejó con esta aprobación “en un profundo desamparo a las víctimas del franquismo y sus familiares”, y aseguró que el Ejecutivo tiene la obligación de “extraditar o juzgar a los responsables de los crímenes”. “Necesitamos verdad, justicia y reparación”, para que estos hechos no caigan en el “olvido”. “Hagan un favor a nuestra historia y a nuestra convivencia”, pidió Nuet.
Por su parte, el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna consideró que la iniciativa de La Izquierda Plural se enmarca en un “aparataje político de cuestionamiento de ese gran ejercicio de convivencia que fue la Transición”, y acusó de “doble moral” a los diputados “de la izquierda y del nacionalismo” que la pasada semana votaron en contra de una proposición de UPyD que pedía investigar si los delitos de ETA cometidos durante la democracia podrían considerarse genocidio.
“Esto no es una moción sobre la memoria histórica, no es de condena del franquismo, es para revocar un acuerdo de la Audiencia Nacional que admite dos aproximaciones: una jurídica y otra política”, dijo Gómez de la Serna sobre la moción, en referencia a la denegación por la Audiencia Nacional de la concesión de las extradiciones, basándose en el principio de jurisdicción preferente, el principio de la extinción de la responsabilidad criminal y el principio de la no doble incriminación.
“Cuando se habla de estos temas se habla con cierta ligereza”, lamentó el diputado del PP sobre las víctimas que sufren cualquier tipo de discriminación.
La diputada de BNG Rosana Pérez exigió que no quede impune ningún acto criminal y que el Estado no conceda el amparo y no ejerza “blindaje” ante este tipo de cuestiones. “La aspiración de obtener Justicia es permanente. Estamos por el derecho internacional de derechos humanos”, defendió Pérez.
Por su lado, Mikel Errekondo, de Amaiur, dijo que lo que ha de hacer España es “extraditar o juzgar”, y el parlamentario del PNV Aitor Esteban denunció una “renuncia” por parte del Gobierno a enfrentarse a este tipo de cuestiones en los tribunales.
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, vio “doble moral” en la iniciativa de La Izquierda Plural y lamentó que se olviden otros casos de violencia, como los 300 atentados de ETA que quedan todavía sin resolver. Por su parte, Montserrat Surroca, de CiU, pidió facilitar la Justicia a las víctimas, una “obligación” del Ejecutivo.