El consejo de la juventud critica al gobierno por querer disolverlo por razones económicas


El presidente del Consejo de la Juventud de España, Ricardo Ibarra, se mostró este jueves en contra de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elimine este organismo representante de los jóvenes por causas económicas, dado que únicamente supone el 0,04% del presupuesto del departamento de Ana Mato. Denunció que “su función es clave y no se puede silenciar la voz de los jóvenes en las circunstancias actuales”.
A las puertas del Ministerio de Sanidad, momentos antes de hacer entrega de más de 150 cartas de apoyo de la ciudadanía e instituciones, el presidente del CJE afirmó que “no es verdad lo que el Gobierno dice que se va a ahorrar al cerrar el Consejo, porque atribuyen un gasto superior al millón de euros al organismo y se gasta bastante menos, en concreto 600.000 euros".
"También se afirma que no habrá que sufragar la sede, cosa que es mentira porque es propiedad del Ministerio de Sanidad”, argumentó. También desmintió al Ejecutivo por decir que el CJE tiene 60 trabajadores, cuando según su presidente cuenta únicamente con 11 empleados.
Ibarra explicó que el Consejo tiene 30 años de historia y que es “el principal órgano de la juventud en nuestro país, con tareas diferentes al Instituto de la Juventud”.
Por ello, considera que el Gobierno debe rectificar “y mucho más con la que está cayendo”, alegó el presidente del Consejo, quien recordó los graves problemas que tiene la juventud de desempleo (tasa de paro del 55%) y las serias dificultades que encuentran para emanciparse (el 80% de los menores de 30 años depende de sus padres para subsistir).
Para obligar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a dar marcha atrás en su decisión, Ricardo Ibarra comentó que están recabando apoyos del resto de Consejos de la Juventud de todos los países de la Unión Europea, de ayuntamientos como el de Badajoz a pesar de estar gobernado por el Partido Popular, de la Comisión Europea, e incluso dijo que están dispuestos a sentarse con la ministra Ana Mato para negociar medidas que reduzcan el gasto del organismo público sin tener que llegar a su disolución.

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