Bogotá, 24 jul.- La Corte Constitucional de Colombia pondrá mañana a examen el Marco Jurídico para la Paz, que busca regular procesos de desmovilización, y su eventual aplicación si el Gobierno y las FARC firman en La Habana un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.
Los nueve magistrados del Alto Tribunal tendrán que decidir si esta herramienta de justicia transicional, que reforma la Constitución de 1991 en cinco de sus artículos, se ajusta o no a ese texto.
Tras la aprobación del acto legislativo en el Congreso colombiano en junio de 2012, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo cuestionó tres expresiones del texto que a su juicio podían dar pie a que delitos cometidos por actores del conflicto quedaran en la impunidad.
Por este motivo, en diciembre pasado presentaron una demanda ante la Corte para declararlo inconstitucional, lo que llevó al tribunal a convocar la audiencia que comienza mañana y en la que forma excepcional participará el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para defender este marco legal.
Santos es el segundo presidente colombiano que comparece a la Corte Constitucional para dar explicaciones sobre una reforma a la Carta Magna, después de que lo hiciera su antecesor Álvaro Uribe en defensa de la reforma constitucional que cambió las normas electorales y permitió su reelección en 2006.
El mandatario abrirá la sesión con un discurso de 20 minutos y le seguirá su alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Los demandantes dispondrán de 15 minutos para rebatir y defender su postura, pero también podrán intervenir los organismos invitados que lo soliciten.
El origen de la controversia está en los principios de "priorización" y "selección" que contempla el Marco Jurídico para la Paz para investigar los delitos cometidos por miembros de grupos armados ilegales como guerrillas y paramilitares, así como agentes del Estado durante la confrontación armada.
Esto implica que la Justicia colombiana definirá el orden en que será revisado cada caso y los legisladores determinarán contra quiénes se procederá penalmente y a qué actores se les concederá la renuncia a la persecución penal por ser menos responsables.
En concreto, la ONG cuestiona la utilización de las expresiones "máximos responsables", en cuanto que considera que deberían ser juzgados "todos" los implicados en un crimen, y "cometidos de manera sistemática", porque dejaría por fuera violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido sólo una vez, por graves que sean.
El Gobierno, que fue promotor de la iniciativa antes de que se dieran a conocer sus negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha argumentado que investigar y procesar a los responsables de 304.000 hechos denunciados tomaría unos 100 años.
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, han rechazado públicamente este marco legal.
Para someterse a esta herramienta transicional, las guerrillas tendrán que contribuir con la revelación de la verdad, la construcción de la Justicia y de la reparación a las víctimas, y además deberán liberar a los secuestrados.
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