El Defensor critica las escasas investigaciones sobre actuaciones policiales

Madrid, 27 feb.- El Defensor del Pueblo constata el aumento de quejas derivadas de la actuación policial en manifestaciones, al tiempo que critica las "escasas" investigaciones abiertas para determinar si los agentes se han extralimitado en el ejercicio de sus funciones.

Así lo asegura en su informe anual correspondiente a 2012, en el que señala que el malestar social consecuencia de la crisis ha motivado un incremento del número de manifestaciones y, a su vez, un aumento de quejas de los ciudadanos por la actuación de la Policía, reclamaciones que en la mayoría los casos están documentadas con grabaciones.

El Defensor denuncia la "escasa" actividad dirigida a esclarecer la responsabilidad de los agentes por parte de la Dirección General de la Policía a pesar de que algunas intervenciones hayan provocado graves lesiones a manifestantes y, en otros casos, haya existido "una evidente desproporción en el uso de la fuerza".

Además, el informe pone de relieve la dificultad de determinar la identidad de los agentes que pudieran haberse extralimitado en su actuación debido a la "ineficacia" del distintivo de identificación personal, y recuerda la petición de esta institución para aumentar el tamaño y visibilidad del número identificativo.

"Cuando no resulta posible identificar a los funcionarios que han participado en un ilícito penal o administrativo y aunque existan imágenes que reflejen con suficiente claridad la actuación policial se dejan impunes conductas irregulares e inaceptables", subraya el informe.

El Defensor revela que mantiene abierta una investigación sobre la actuación policial del 25 de septiembre por la protesta celebrada en el entorno del Congreso de los Diputados y sobre la que ha recibido numerosas quejas, en su mayoría denunciando la presencia de agentes de paisano infiltrados responsables del inicio de los altercados.

Sobre la celebración de manifestaciones, el informe recuerda que estas solo podrán prohibirse si existen razones fundadas que concluyan que, en caso de realizarse, se producirá una situación de desorden material que impida el normal desarrollo de la convivencia ciudadana.

Además, defiende que disolver una manifestación por el solo motivo de que haya superado la hora prevista supone "una restricción no justificada" del derecho de reunión y manifestación, por lo que recomienda que la Policía no actúe salvo que la trasgresión del límite horario suponga "una ocupación permanente de la vía pública que pudiera lesionar derechos de terceros".