Permite a las autoridades "prohibir la circulación de personas o vehículos", instaurar "zonas de protección o de seguridad donde la estadía de las personas está reglamentada" y prohibir la estadía en una zona geográfica "a toda persona que obstaculice, de la forma que sea, la acción de los poderes públicos", según la ley de 1955 que lo había creado.
El presidente François Hollande anunció el "cierre de fronteras" pero el ministro francés de Relaciones Exteriores precisó posteriormente que en las fronteras habrá "controles en los pasos de rutas, ferroviarios, marítimos y aeroportuarios".
"Los aeropuertos siguen funcionando. Las conexiones aéreas y ferroviarias están aseguradas", precisó la cancillería.
El estado de emergencia permite además al ministro del Interior imponer detención domiciliaria a toda persona "cuya actividad resulte peligrosa para la seguridad y el orden público".
Las autoridades pueden ordenar el cierre provisorio "de las salas de espectáculos, bares y lugares de reunión de cualquier naturaleza" y prohibir "las reuniones que puedan provocar o mantener el desorden".
Pueden además ordenar "la entrega de armas" a sus propietarios.
El decreto que instaura el estado de emergencia permite "allanamientos a domicilio de día o de noche", así como "medidas para controlar a la prensa" y los medios en general.
Las autoridades anunciaron además el cierre de todos los establecimientos escolares en la región capitalina el sábado y la anulación de todos los viajes escolares del fin de semana en Francia.
El estado de emergencia se declara por decreto del Consejo de Ministros. Su prórroga más allá de los doce días sólo puede ser autorizado por una ley votada en el Parlamento. La ley que autoriza la prórroga del estado de emergencia fija su duración definitiva.
Implementado varias veces durante la guerra de Argelia, el estado de emergencia sólo se había decretado en dos oportunidades desde entonces: en 1985 en Nueva Caledonia durante enfrentamientos con los independentistas ocurridos en ese archipiélago del Pacífico, y en 2005 durante los disturbios en los suburbios.
En esa última oportunidad, las medidas que autoriza el estado de emergencia se implementaron muy poco: siete prefectos decretaron toque de queda y en 23 departamentos se prohibió la venta minorista de recipientes transportables de combustible y materias inflamables.
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