El gobierno cambia la ley del poder judicial para lograr más agilidad y combatir los malos tratos

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un proyecto de reforma del la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que busca, entre otras cuestiones, agilizar los tribunales y mejorar la respuesta que se da a los malos tratos.
Según informó el Ministerio de Justicia, el proyecto incluye “un paquete de medidas organizativas encaminadas a agilizar la instrucción de los procedimientos, a través de una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos”.
Para lograr esa agilización de los procesos, se busca una mayor flexibilidad en la organización judicial a través de cuatro actuaciones concretas.
En este sentido, se potencia la posibilidad de extender la jurisdicción de los juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales. El fin de buscar el correcto equilibro entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos.
De esta forma se combate la sobrecarga que sufren en la actualidad muchos de los Juzgados de Instrucción o mixtos que reciben los asuntos de violencia de género. Esta posibilidad está ya prevista en la LOPJ vigente, pero exige una reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, lo que dificulta su desarrollo.
EQUILIBRAR CARGAS DE TRABAJO
Con la reforma, la extensión de la jurisdicción podrá acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las administraciones afectadas.
En segundo lugar, Justicia destacó que el proyecto de ley de reforma de la LOPJ se posibilita alcanzar un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de los órganos judiciales de ámbito provincial. Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados.
La última medida de este bloque está encaminada a facilitar la instrucción de las causas penales de especial complejidad. Para auxiliar al instructor y una vez que el juez lo haya solicitado al CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces podrá acordar la adscripción al órgano instructor de uno o varios jueces o letrados de la Administración de Justicia (nueva denominación de los secretarios judiciales).
Esto podrá hacerse con o sin relevación de funciones, para que bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores de colaboración, asistencia y asesoramiento, pero sin funciones jurisdiccionales.