Mérida, 13 abr.- El Consejo de Gobierno de Extremadura ha acordado hoy remitir al Ministerio Fiscal la auditoría de la gestión de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) en el año 2010 por entender que existen "indicios penales" por el "uso y abuso" que se ha hecho del dinero público.
Así lo ha anunciado hoy el presidente extremeño, José Antonio Monago, tras la reunión del Consejo celebrado en Mérida, en el que se ha conocido el informe de dicha auditoría, que ya fue presentado el pasado lunes por el consejero de Administración Pública y en el que, entre otros datos, aparecen gastos sin justificar de casi tres millones de euros.
También aparecían en esta auditoría contratos de arrendamiento "blindados" y o de alquiler de un inmueble por el que GPEX pagó un total de 165.360 euros sin utilizarlo nunca.
José Antonio Monago ha justificado la decisión de remitir esta auditoría al Ministerio Fiscal en la supuesta vulneración de principios como los de concurrencia, transparencia o austeridad, "que no pueden esconderse a la Justicia ni a los extremeños".
"Se presenta por respeto al ordenamiento jurídico y al dinero público de los extremeños", ha aseverado el presidente extremeño.
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