El gobierno pagará a las autonomías el sobrecoste de la justicia gratuita

El Ministerio de Justicia se comprometió hoy con las comunidades autónomas a pagarles el sobrecoste de la justicia gratuita que se ha originado al cambiarse la ley para incluir a más beneficiarios. Además, el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón informó a los consejeros de los avances en la modernización de la Nueva Oficina Judicial (NOJ).
Estas cuestiones se trataron en la Conferencia Sectorial de Justicia, de la que forman parte el Ministerio y autonomías, que se reunió este lunes en Madrid. Al encuentro no asistió Gallardón, tras romperse este fin de semana dos costillas en un accidente doméstico.
Sobre el encuentro, el Ministerio informó de que este departamento asumirá el gasto extra en justicia gratuita debido a que esta partida ha subido al aumentarse los umbrales para recibir este tipo de ayuda. En concreto, el Gobierno reformó la ley para costear el abogado de colectivos de víctimas especialmente vulnerables con independencia de su renta.
Los colectivos que pasan a ser beneficiarios de la justicia gratuita, con independencia de su renta, son las víctimas de violencia de género; terrorismo; trata de seres humanos; menores y discapacitados psíquicos que hayan sido víctimas de abusos; y víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.
INCREMENTO MÁXIMO
A lo largo de 2014 se recibirán y analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013 y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 se recogerán los importes que se tendrán que abonar a cada una de ellas.
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobada en enero de 2013, amplía por primera vez, desde 1996, el número de beneficiarios de justicia gratuita al incrementar los umbrales económicos de acceso y los colectivos que podrán acogerse a este servicio.
Con el objetivo de garantizar una aplicación equitativa de la norma, se contempla un incremento máximo de la aportación de cada comunidad. Como referencia se tomará la variación media que registren las comunidades del territorio Ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Baleares) y se establecerá que las aportaciones que reciban el resto puedan alcanzar hasta el triple de ese porcentaje de variación.
NUEVA OFICINA JUDICIAL
Por otra parte, el Ministerio también informó sobre los avances que se han realizado a lo largo del último año en materia de modernización e interoperabilidad y sobre el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial.
Los representantes ministeriales han garantizado que seguirán impulsando su desarrollo y han detallado que los trabajos están ya muy avanzados en cuatro comunidades autónomas. Así, antes de que finalice la legislatura, el objetivo es que en Melilla, Palma de Mallorca, Plasencia y Ponferrada cuenten ya con la Nueva Oficina Judicial.
El Ministerio dio cuenta de la constitución, el pasado julio, del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (Cteaje). El objetivo de este órgano es conseguir una interoperabilidad global, consecuencia de un proceso integral, donde los sistemas de información tengan capacidad plena para compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimientos entre ellos.
RED.ES
Asimismo, en el encuentro de esta mañana se abordó el resultado de diversos convenios, como en el que trabaja Justicia y la entidad pública empresarial Red.es. Se trata de un acuerdo para la Coordinación Estratégica y Desarrollo de Servicios Avanzados en el ámbito de las Tecnologías de la Información en la Administración de Justicia, con el que se pretende generalizar el expediente electrónico.
A través de este convenio, Justicia tiene prevista una aportación de 1,1 millones de euros entre 2014 y 2015, a la que hay que sumar los 1,5 millones que aporta Red.es a través de los fondos de cohesión FEDER. Estas cantidades serán invertidas en el desarrollo del Sistema Integrado de Justicia y en su implantación en Extremadura y Castilla-La Mancha.
El Sistema Integrado de Justicia tiene por objeto el desarrollo de un sistema de gestión procesal, que de forma paulatina sustituya al actual territorio Ministerio de Justicia y esté a disposición de todas las Administraciones con competencias en el ámbito de la Justicia para complementar los suyos propios.
CONSEJO MÉDICO FORENSE
Asimismo, Justicia informó a las diferentes comunidades autónomas sobre el real decreto que en el primer semestre del 2014 dará luz verde al Consejo Médico Forense. Se trata de una antigua aspiración del colectivo de médicos forenses, y que se constituirá como órgano técnico de consulta y asesoría para las Administraciones Públicas, los Institutos de Medicina Legal y la Administración de Justicia.
A través de este consejo, se coordinarán los Institutos de Medicina Legal, los Institutos Médico Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y otros organismos con el objeto de establecer unos protocolos de actuación comunes para realizar las diferentes pericias ante casos concretos.