El delegado del Gobierno en la Comunitat Peralta, Ricardo Peralta, ha confirmado que el Gobierno va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de derribos del Cabanyal en Valencia. El representante del Ejecutivo central expresó su "plena confianza" en que esta actuación dará lugar a la "paralización inmediata de cualquier actuación en el barrio" en relación a los derribos, sobre los que reiteró su "radical disconformidad".
Asimismo, advirtió de que es "competencia exclusiva de los tribunales dirimir esta cuestión". "Los derribos los paralizan los tribunales no los ciudadanos", aseveró.
En cuanto a la actuación del Cuerpo Nacional de Policía en los altercados registrados estos días en el barrio por la entrada de la excavadoras, Peralta manifestó que su labor allí fue "la de evitar que la ejecución de los derribos se convirtiera en un problema de orden público".
Apoyo del Consejo de Estado
La decisión del Ejecutivo llega después de que el Consejo de Estado emitiera un informe en el que aprecia "fundamentos jurídicos suficientes" para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley 2/2010 de 31 de marzo de la Generalitat valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia que avala el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio de El Cabanyal.
En concreto, el dictamen --emitido ayer en una sesión de la Comisión Permanente del Consejo de Estado y difundido hoy por la plataforma Salvem el Cabanyal-- informa favorablemente sobre la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3, el apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la norma autonómica.
Dicha ley de la Generalitat declara expresamente que el PEPRI del barrio de El Cabanyal "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad contenida en el Decreto del Consell 57/1993, de 3 de mayo, por el que se declaró Bien de Interés Cultural (BIC) al conjunto histórico de Valencia", como recoge el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, del que emana la iniciativa legislativa.
El decreto, que sirve como base de la ley y que se opone a la orden del Ministerio de Cultura que declara expolio del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del PEPRI, está recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y la nueva ley aprobada el pasado 25 de marzo lo deroga expresamente.
Tras conocer esta resolución, Salvem el Cabanyal consideró, a través de un comunicado, que el Consejo de Estado "pone en evidencia, una vez más, al Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana". "Y ya son dos veces, la primera con el Decreto --Ley de urgencia de enero--, y la segunda con esta ley 2/2010".
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