La demanda de Texas y otros 24 estados sureños contra el último decreto de Obama sobre la inmigración, no podría haber caído en manos más receptivas. No es la primera vez que el juez federal Andrew S. Hanen decide sobre estas cuestiones.
Esta vez ha bloqueado la aplicación del decreto del presidente Barack Obama, que regularizaría a millones de inmigrantes, o al menos retrasaría su expulsión.
Hace poco más de un año, en diciembre de 2013 fue el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el que se llevó un "tirón de orejas" de Hanen.
El juez, nominado en 2002 por el entonces presidente republicano, George W. Bush, consideró entonces que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza 'colaboraban' en el contrabando de niños.
Según el Hanen, al facilitar el reencuentro entre los menores, trasladados hasta la frontera por las mafias, con los padres que residen ilegalmente en Estados Unidos, se "premia la conducta criminal".
El juez aseguró conocer al menos cinco casos en los que los agentes, tras detener a las personas contratadas para llevar a los niños a Estados Unidos, los trasladaban personalmente con sus padres, que se encontraban en Estados Unidos en situación irregular.
"El Departamento de Seguridad premia la conducta criminal en vez de proteger la implementación de la ley. Lo más preocupante es que ayuda a los padres a arriesgar la vida de sus hijos (…) Es igual que quitarle las drogas o las armas a los contrabandistas y llevárselas personalmente a los criminales que ordenaron su importación", afirmó.
El dictamen de Hanen llegó en un momento en la saturación de las fronteras con niños que llegaban desde solos desde América Latina. Se hablaba de 50.000 menores atrapados en un "limbo migratorio".
Precisamente el decreto de Obama beneficia especialmente a los indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos o los que llevan en el país más de cinco años.
Esa percepción del juez sobre la actuación de los autoridades, fue lo que llevó a la activista conservadora, Orly Taitz, a presentar una demanda ante el tribunal de Hanen. En verano, Taitz solicitó que se cancelara la liberación o el envío a otros estados, desde el sur de Texas, de los inmigrantes ilegales.
Taitz pedía que los inmigrantes pasaran una cuarentena de dos meses y se les sometiera a exámenes médicos para no crear un peligro de salud pública. Pero no hubo caso. El juez rechazó la petición porque no había "ningún experto" que apoyara las alegaciones de Taitz.
Nacido en Illinois, Hanen, de 62 años, ha desempeñado la totalidad de su carrera en el estado de Texas. Casado y con una hija, ya en 1992 fue nominado por el presidente Bush (padre), pero entonces su candidatura no prosperó.
En su último fallo, sobre el decreto Obama, el juez Hanen dijo que "la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad en la frontera ha exacerbado la inmigración ilegal a este país".
Con la decisión de hoy, según The New York Times, el juez recalcó que la administración del presidente Obama no respetó los procedimientos legales para la puesta en vigor del decreto. En realidad, según el Washington Post, su decisión simplemente significa ganar tiempo.
Los estados demandantes son Texas, Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Utah, Virginia del Oeste y Wisconsin.
Argumentan en la querella que Obama "cambia la ley y establece una nueva política, excede su autoridad constitucional y perturba el delicado equilibrio de poderes".
"La extralimitación constitucional por el presidente Obama es clara y muy preocupante", señalaron en su recurso.
El decreto fue anunciado por Obama el pasado 20 de noviembre, extiende el amparo contra la deportación a la mitad de los 11.2 millones de "sin papeles" que se calcula, residen en Estados Unidos. La medida les garantiza un permiso de trabajo y la estancia por hasta tres años.
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