El juez levanta el embargo de los bienes de la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado el embargo de los bienes, cuentas bancarias y fondos de inversión de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, una vez ha depositado los 400.000 euros que se le impusieron como fianza cuando se envió el caso a juicio. En una providencia, a la que tenido acceso Efe, el juez acuerda levantar las medidas cautelares que la Audiencia Nacional impuso en 2015 a Mercè Gironès y que comportaban el bloqueo y embargo preventivo de los saldos de sus cuentas, depósitos de valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad, seguros y otros activos financieros.

Pedraz ha adoptado esa decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende mantener el embargo del patrimonio de Gironès, para quien pide una pena de 17 años de cárcel por gestionar y dirigir las operaciones para el supuesto blanqueo de los fondos que según el juez procedían de pagos de empresarios a la familia.

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Cuando envió el caso a juicio, el juez fijó una fianza de 7,5 millones de euros a Pujol Ferrusola y 400.000 euros para Gironès, quien ha ofrecido al juzgado 800.000 euros de sus cuentas para cubrir las eventuales indemnizaciones a que puede ser condenada en sentencia. También Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, ha depositado la fianza fijada por la Audiencia Nacional, mediante una cuenta con saldo de 3,8 millones, de la que son titulares dos empresas suyas que el juez cree facilitaron el cobro de comisiones y el posterior blanqueo.

Jordi Pujol "Junior" ha puesto además a disposición del juzgado su colección de coches de lujo, cuya tasación asciende a 2,6 millones de euros, y un inmueble de la calle Ganduxer de Barcelona de la que son titulares las sociedades Iniciatives Marketing Inversions, que tiene como socia única a Active Translation. El juez considera que esas sociedades, sin apenas empleados, eran instrumentales y se crearon con el único fin de enmascarar el pago de comisiones de empresarios mediante trabajos de asesoramiento ficticios.

Pedraz envió el pasado mes de junio a la familia Pujol a juicio por hechos que, a su parecer, pueden ser constitutivos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, 7 delitos contra la Hacienda Pública y otro de frustración de la ejecución. Por estos hechos, la Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.