El parlamento europeo pide una moratoria universal de la pena de muerte


El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena la pena de muerte en todos los casos y circunstancias y exigió una moratoria universal de todas las ejecuciones.
El presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, subrayó el miércoles, en la apertura de la sesión plenaria en Bruselas (Bélgica), que "la muerte nunca puede ser considerada un acto de justicia".
La resolución, aprobada por 547 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, recuerda que en todo el mundo siguen aplicando la pena de muerte 43 países y que el mayor número de ejecuciones se aplicó el año pasado en China, Irán e Iraq.
China llevó a cabo aproximadamente 5.000 ejecuciones en 2009, es decir, el 88% del total mundial, mientras que Irán aplicó la pena de muerte al menos a 402 personas, Iraq al menos a 77 y Arabia Saudí al menos a 69.
El texto menciona otros países que aún mantienen la pena capital: Egipto, Malasia, Sudán, Tailandia, Corea del Norte, Vietnam, Japón y Estados Unidos. Sobre este último país, 35 Estados aplican la pena de muerte, aunque cuatro de ellos no han llevado a cabo ninguna ejecución desde 1976.
La resolución del Parlamento Europeo "condena todas las ejecuciones dondequiera que se produzcan" y exige una "moratoria universal de las ejecuciones con vistas a una total abolición en todos los Estados que siguen aplicando la pena de muerte".
Los eurodiputados instan al Consejo Europeo y a la Comisión Europea a que proporcionen directrices que permitan aplicar una política europea global y eficaz en materia de pena de muerte en lo que respecta a las docenas de personas identificadas como ciudadanos europeos que aguardan la ejecución en terceros países.
Además, esta política debe incluir "mecanismos sólidos y reforzados por lo que se refiere al sistema de identificación, la prestación de asistencia jurídica y las intervenciones legales y representaciones diplomáticas de la UE".
El texto destaca que Bielorrusia es actualmente el único país europeo que aún aplica la pena de muerte y pide a Kazajistán y a Letonia que modifiquen las disposiciones de sus legislaciones nacionales que aún permiten la imposición de la pena de muerte por determinados delitos en circunstancias excepcionales.
La UE es uno de los principales donantes a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la abolición de la pena de muerte y ésta es una de las prioridades del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, que, desde 1994, ha financiado más de 30 proyectos en todo el mundo, con un presupuesto de más de 15 millones de euros.

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