El PP pide cambiar la ley de dependencia para ajustar la desigualdad territorial

Madrid.- El PP ha propuesto una modificación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para que se implanten unos "requisitos mínimos comunes" a todo el territorio español y se corrijan, así, las "crecientes desigualdades" entre comunidades autónomas.

En concreto, el PP reclama que haya unos criterios homogéneos sobre la acreditación de centros, servicios y entidades que actúen en el ámbito de la dependencia, con la finalidad de "garantizar" unos servicios de calidad comunes a todos los españoles.

Para ello, el grupo parlamentario popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, en cuya exposición de motivos asegura que la actual norma, aprobada hace más de tres años, "está resultando un fracaso", además de generar "una enorme frustración a las personas dependientes y a sus familias".

Según los populares, el sistema para la autonomía y atención a la dependencia se está aplicando de forma "muy desigual".

"No sólo no se han reducido las desigualdades territoriales preexistentes en la atención a las personas dependientes, sino que se han acrecentado hasta el punto de que con idéntico grado y nivel de dependencia, la prestación puede ser completamente dispar, en función de la comunidad autónoma de residencia", según el PP.

Para este grupo, la "falta de unidad" de criterios en los servicios, públicos y privados, también afecta a la calidad de los mismos en "determinadas comunidades autónomas", si bien no especifica cuáles.

En este sentido, el PP plantea una nueva redacción del artículo 34 de la citada ley, en la que establece la obligación de la administración general del Estado de fijar a través de un reglamento los criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Se trata de que, "sin perjuicio de las competencias" de las comunidades, acuerde criterios de calidad y seguridad para los centros y servicios; indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los centros y servicios; guías de buenas prácticas, entre otras cuestiones.

Además, en la exposición de motivos de esta proposición de ley, el PP recuerda que la "grave situación económica" ha provocado que el sector empresarial de la dependencia viva una "situación de crisis sin precedentes y que, en la práctica, se haya paralizado la construcción de centros de atención residencial".

Según los datos que maneja el PP, la atención a la población dependiente debería generar más de 600.000 puestos de trabajo en cinco años "si las administraciones apostaran por dar servicios".