El presupuesto de Cáritas es mayor que las ayudas estatales para comida y acogida

Cáritas, entidad social que atendió en 2012 a cerca de dos millones de personas, tiene un presupuesto mayor que las subvenciones del Estado con cargo a la asignación delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)a las organizaciones sin ánimo de lucro para programas de empleo, contra la exclusión y para comedores sociales. El año pasado el presupuesto de Cáritas fue de 276 millones de euros, de los que 70% procedían de fondos privados y el resto de ayudas estatales.

Mientras, el Gobierno ha destinado este año 210,1 millones de euros para subvenciones a las entidades sociales encargadas de ejecutar proyectos de integración social y la asistencia de familias sin recursos. De este montante, el 20% debe reservarse a planes de emergencia para personas sin hogar o que vivan en la pobreza, tal y como explica Carlos Susías, presidente en España de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Las entidades sociales que reciban ese 20% de ayudas tendrán que financiar comedores sociales, la entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad, como ropa o productos de higiene, a los ciudadanos sin recursos.

Cáritas señala en su memoria de este año que la pobreza severa, que significa vivir con menos de 307 euros al mes, afecta a tres millones de personas en España, es el doble que en el comienzo de la crisis en 2008. Esta entidad acogió y ofreció asistencia básica (comida, ropa) a 1,3 millones de personas, y advierte de que está aumentado la demanda de ayuda entre la antigua clase media trabajadora. También ha duplicado su asistencia Cruz Roja, que atendió 2,4 millones de ciudadanos el año pasado.Las organizaciones piden una renta mínima, no más subvenciones

La pobreza sube y la demanda de productos básicos también y la pregunta que surge es cómo las entidades sociales mantienen la red de asistencia con unas subvencione estatales tan limitadas. Carlos Susías opina que no es cuestión de incrementar las ayudas del Estado directas para la asistencia a familias en situación de emergencia, sino que "hay que garantizar una renta mínima para evitar que se produzcan más casos de pobreza".

"Con la crisis lo único que podemos hacer es dar alimentos para que puedan vivir los pobres. Pero no podemos contener pobreza". Susías considera que el papel que tienen ahora las organizaciones sociales y ayuntamientos es atender las situaciones extremas y ofrecer ayudas puntuales a los ciudadanos que se están empobreciendo. Reitera que los servicios públicos deberían implementar esa renta básica para poner coto al riesgo de exclusión.

También estas organizaciones auxilian a las personas sin techo; según el INE, la población sin hogar atendida en centros de acogida fue de 22.938 en 2012.Las CCAA se reparten 10.500 millones en política social

Las comunidades autónomas se han repartido de los presupuestos de 2013 algo más de 10.500 millones de euros (no está incluida Catalunnya) para política de seguridad y protección social. En esta partida se incluyen las medidas orientadas a asistencia social, los subsidios autonómicos y ayudas, por ejemplo para pagar la calefacción o para el comedor escolar. Las medidas y el presupuesto dependen de la gestión de cada comunidad autónoma.

Andalucía es la comunidad más pobre de España, según el último estudio de la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social, que enumera una serie de factores: lidera las ejecuciones hipotecarias, su tasa de paro es del 36,37% y es la tercera en desahucios y está a la cola en PISA. Esta región tiene el mayor presupuesto en protección social, 2.682 millones de euros, y entre medidas que ha promovido figura el plan para garantizar tres comidas al día a los niños. Esta iniciativa, dotada con 16 millones de euros, se llevará a cabo en los colegios y en los centros de día y comedores de las ONGs.

En Catalunya, donde el presupuesto en protección social ha bajado un 14% hasta los 758 millones de euros, se ha aprobado recientemente un decreto para impedir que se corte la luz a los más vulnerables.

Las entidades sociales y los ayuntamientos se han convertido en la ayuda de primera mano de las familias sin medios, a las que le atacan la pobreza extrema. Y es la solidaridad privada la que sostiene buena parte de la red de organizaciones sociales. El ejemplo más claro es la Federación de Bancos de Alimentos, en la que participan cerca de 3.000 empresas, entre supermercados, cooperativas, productores, distribuidores, cámaras de comercio y cientos de miles de ciudadanos.

En Cáritas, el 70% del presupuesto procede de donaciones privadas–de parroquias, congregaciones religiosas y particulares. Esta entidad y Cruz Roja recibirán 67 millones de los 210,1 millones de euros de subvenciones, gracias a los ciudadanos que marcaron la casilla de fines sociales en su declaración de la renta.

Con estos 67 millones de euros, diez más de los que recibieron estas entidades el año pasado, se financiarán 87 programas sociales para más de un millón de personas que se encuentran en España en situación de necesidad.

Los 210 millones de euros se han destinado a 447 entidades que desarrollarán 1.135 programas.Europa obligará a dedicar 833 millones al año contra la pobreza

Un cambio sustancial en la política contra la pobreza se verá a partir de 2014, ya que Europa obligará a dedicar el 20% de los fondos estructurales a combatir la pobreza. Lo explica Carlos Susías, de EAPN, que considera un avance que esto se recoja además en el Plan Inclusión Social aprobado recientemente por el Gobierno. A España le corresponden hasta 2020 unos 25.000 millones de euros de fondos estructurales; si se reserva el 20%, cada año se deberían destinar 833 millones a esta materia.

El Plan de Inclusión, dotado con 136.600 millones, recoge el sistema de subsidio para los parados sin prestación –el plan PREPARA –que se concederá hasta que el desempleo baje del 20%; los planes de formación para parados de larga duración y en riesgo de exclusión social y la ayuda a la infancia -de momento hay consignados 17 millones de euros, pero las medidas concretas se desconocen. En este plan se recoge un fondo de 20 millones para atender a las familias en"extrema necesidad".