Gaspar Ruiz-Canela
Sittwe (Birmania), 5 abr.- El rechazo a los musulmanes, especialmente de la minoría étnica rohingya, amenaza con socavar la convivencia en la incipiente apertura democrática birmana, donde la violencia sectaria ha causado cientos de muertos y miles de desplazados.
Desde los disturbios el año pasado en el Estado Rakhine (oeste) a los altercados el mes pasado en la división de Mandalay (centro), un creciente número de budistas, incluidos monjes, pide abiertamente la expulsión de la minoría musulmana.
"La violencia ocurre porque los musulmanes son incitados por terroristas desde el extranjero, quieren ocupar nuestro país y establecer su religión aquí", indica a Efe el budista U Pyin Nya Tharmi, un líder religioso en Sittwe, la capital de Rakhine (antiguo Arakan).
El discurso de U Pyin, de 48 años, puede parecer radical, pero es compartido por una parte importante de la mayoría budista del país y de Rakhine, donde el año pasado murieron 163 personas y otras 100.000, principalmente rohingyas, fueron desplazadas por los disturbios sectarios.
Los rohingyas son calificados por el Gobierno como "musulmanes bengalíes", por lo tanto no pertenecen a las minorías étnicas del país, y tienen restringidas sus libertades para viajar y, en algunos casos, para casarse y tener hijos.
Los extranjeros, sobre todo si son periodistas o voluntarios de ONG, son recibidos con suspicacia por algunos y con abierta animadversión por otros en Sittwe, donde la población budista recela de la atención de los medios y los informes de la ONU en defensa de los derechos humanos de los musulmanes.
Una de las acusaciones más repetidas contra los rohingyas en particular y los musulmanes en general es la amenaza demográfica que suponen para la mayoría budista en Birmania (Myanmar) por su alta tasa de natalidad.
Todos los rohingyas fueron expulsados de Sittwe tras los disturbios del año pasado, excepto los que viven en el barrio de Aung Mingalar, donde las entradas y salidas tienen barricadas de alambre y están vigiladas por policías.
Controles policiales y militares también impiden la libertad de movimiento de miles de rohingyas en las aldeas vecinas y en los precarios campos de desplazados, donde las familias languidecen por la escasa provisión de alimentos y la deficiente atención sanitaria.
"Mi hijo tiene una infección en la piel, pero no tengo dinero para comprar medicinas. Tiene un año y medio", relata a Efe Yasmin Nazir, una desplazada rohingya de 22 años en el campo de Thay Chaung.
Vive en una tienda de campaña junto con su marido y cuatro hijos desde junio del año pasado, cuando su casa y la de otros vecinos rohingyas fueron quemadas durante los disturbios en su aldea, cercana a Sittwe.
Los desplazados musulmanes lamentan que el Gobierno no les presta ayuda alguna y que la de las ONG es insuficiente, sobre todo porque tienen que vender parte del arroz que reciben para comprar medicinas y otros artículos de necesidad, aunque tienen acceso a agua potable.
La situación es peor para los que llegaron tras la segunda ola de violencia en Rhakine, en octubre, porque al no estar registrados reciben sólo donaciones de vecinos y carecen de suficientes alimentos, mantas o ropa.
Familias de hasta 12 personas viven hacinadas en chamizos y tiendas de campaña instalados en campos de arroz, expuestos a las inundaciones cuando comiencen los monzones en mayo o junio.
Los cerca de 80.000 desplazados musulmanes en los campos de desplazados en torno a Sittwe solo disponen de una clínica local con dos o tres médicos y algunos enfermeros desbordados de trabajo.
La comunidad budista también tuvo víctimas durante los disturbios del año pasado, pero en menor cantidad y sus campos están mejor atendidos y cuentan con electricidad.
En la entrada de la cabaña de Pwin Khine hay un saco con arroz y, como el resto de los desplazados budistas del campo temporal donde se aloja, recibe la visita diaria de enfermeras y, ocasionalmente, de médicos.
Afirma que a su marido, director de escuela, lo mataron unos "musulmanes bengalíes" y a ella le propinaron una paliza que la obligó a convalecer en el hospital durante 14 días.
"Antes yo tenía amigos musulmanes, pero ahora no podría vivir junto a ellos. Tenemos que vivir separados", dice Pwin Khine, de 39 años y con dos hijos.
La distancia entre estas dos comunidades en Birmania se ha extendido a otras ciudades del país, como Meiktila, en la división de Mandalay, donde una discusión entre un comerciante musulmán y un cliente budista desembocó en una ola de violencia que mató a 43 personas.
El grupo ultranacionalista 969, liderado por el monje budista U Wirathu, ha iniciado una campaña de boicot contra los comercios musulmanes y, como última solución, su expulsión. EFE
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