El supremo pide encausar por prevaricación al alcalde de santa cruz de tenerife

El Tribunal Supremo remitirá un suplicatorio al Senado para poder encuasar por prevaricación al senador y alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, al que la Fiscalía acusa de cometer “conscientemente” diversas irregularidades en la adjudicación de un contrato público a una empresa para el acondicionamiento de un edificio que iba a acoger las oficinas municipales.

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Luciano Varela, en virtud de las diligencias de investigación practicadas, considera como “hechos probablemente ocurridos” que el querellado, en su condición de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, decidió “solventar los múltiples reparos” formulados por la Intervención de Fondos municipal “con ocasión de la adjudicación, ejecución y abono de los trabajos llevados a cabo por la empresa IMES SA en el edificio sede del Instituto de Educación Secundaria ‘Hermanos García Cabrera’ para su acondicionamiento como ubicación de las oficinas municipales”.
“La empresa citada había desempeñado trabajos para el Ayuntamiento en virtud de un contrato que tenia por objeto obras de mantenimiento. No obstante las ejecutadas en el edifico antes citado sobrepasaban de manera inequívoca tal concepto”, señala el auto hecho público hoy.
El instructor del Supremo señala que, “pese a la entidad y elevado coste de las obras, en ningún momento se siguió el procedimiento legalmente exigible para su aprobación, ni se convocó concurso para su adjudicación y contratación”.
“El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención. Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación administrativa municipal en tal área, más aún por quien fuera alcalde muchos años e incluso tenía la condición de licenciado en Derecho”, subraya la resolución.
En base a estos hechos, el Supremo atribuye a Zerolo un delito de prevaricación ya que “dictó diversas resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento del que era alcalde”. El magistrado Varela pide en consecuencia que se curse un suplicatorio al Senado para “la inculpación del querellado”.