El TC pide reforzar los controles de ejecución de programas para inmigrantes

  • El Tribunal de Cuentas ha recomendado hoy que la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración mejore y unifique los criterios de concesión de subvenciones, y que refuerce los controles de ejecución y rendimiento de cuentas de las ONG y Ayuntamientos beneficiados.

Madrid, 26 ene.- El Tribunal de Cuentas ha recomendado hoy que la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración mejore y unifique los criterios de concesión de subvenciones, y que refuerce los controles de ejecución y rendimiento de cuentas de las ONG y Ayuntamientos beneficiados.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del Informe de Fiscalización sobre los Fondos Públicos Aplicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para la integración de los emigrantes hecho público hoy.

El informe analiza detalladamente todos los procedimientos que desarrolla la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII) en la concesión y control de subvenciones tanto directas como por concurso a varias organizaciones y ayuntamientos.

El Tribunal de Cuentas también fiscaliza la labor desarrollada por organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) o la Asociación Voluntariado Madres Dominicanas (VOMADE-VINCIT).

Entre los Ayuntamientos fiscalizados por haber recibido subvenciones públicas del Ministerio de Trabajo para programas de acogida e integración de inmigrantes figuran los de Almería, Guadalajara, Terrassa, Alcorcón o Almendralejo, entre otros.

En el caso de las ONG, el Tribunal de Cuentas ha detectado algunas deficiencias en las liquidaciones que suman en un total de casi 893.000 euros, que fluctúan entre los 821 que debería devolver Cáritas hasta los 241.000 que corresponde reintegrar al Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) o los 227.000 que debe devolver el Colectivo La Calle.

En la mayoría de los casos, el informe detalla infracciones administrativas incurridas por las ONG en el desarrollo y justificación de los programas, algunas de carácter "grave", como el en caso de ATIME, que tiene "graves deficiencias" de contabilidad y no es capaz de acreditar la efectiva realización de los programas financiados.

En cuanto a los problemas detectados por el TC en el funcionamiento de la DGII, cabe destacar la necesidad de una mayor concreción en las convocatorias de concursos, de una mejor verificación de las solicitudes y de un más detallado control de la ejecución de los proyectos.

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