El voto de los emigrantes españoles languidece

Carlos Pérez Gil

Madrid, 16 nov.- Las elecciones generales del 20 de noviembre en España ya tienen como primer legado que serán las que registren una mayor abstención de los españoles residentes en el extranjero, superior al 90 por ciento.

A pesar de que el número de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha aumentado hasta situarse en 1.463.473 personas -258.144 más que en 2008-, solo uno de cada diez ha solicitado votar.

De este porcentaje, no todos acabarán ejerciendo el sufragio, puesto que se han denunciado numerosas quejas de electores a los que la documentación no les está llegando a tiempo desde España para poder mandar las papeletas a los consulados antes del día 19.

La crisis del voto emigrante tiene su principal causa en el cambio de la ley electoral española aprobada el pasado mes de enero, que se ha unido al tradicional problema de la correspondencia.

Además de suprimir la participación de los expatriados en los comicios locales, la reforma legal instauró el llamado voto rogado para las generales y regionales.

Esta fórmula obliga a quienes viven en el extranjero a comunicar personalmente su voluntad de ejercer su derecho de sufragio.

Ya en las regionales del pasado mes de mayo, votó menos del cinco por ciento de los inscritos en el CERA, después de que lo pidiera el 8,2 por ciento.

El Gobierno español reconoce que la participación de la comunidad emigrante en las elecciones de este domingo es "muy insuficiente", como afirma la directora general de Ciudadanía Española en el Exterior del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Pilar Pin.

En 2008, el índice de participación del CERA fue del 31,74 por ciento, no lejos del récord de 1989, cuando se registró un 36,15.

En declaraciones a Efe, Pin admite que la reforma legal ha causado "malestar y rebeldía" en los emigrantes que marcharon de España hace décadas, en sus hijos y nietos que se han nacionalizado y en quienes se han mudado al extranjero en los últimos años por cuestiones laborales o personales.

La directora general asume que la instauración del voto rogado les ha desincentivado.

"El procedimiento de voto es complicado", admite Pin, quien recuerda que la ley "la hizo el Parlamento, no el Gobierno".

Lamenta que no se hayan introducido fórmulas para que los electores reciban a tiempo las papeletas por correo después de 'rogarlas'.

Tuvieron de plazo hasta el pasado 22 de octubre para comunicar por correspondencia o fax su deseo de votar.

A los que les ha llegado la documentación, tienen de margen hasta el día 19 para mandarla a las oficinas consulares. Si el matasellos es posterior, el voto no será válido.

Este proceso implica un alto grado de dependencia de servicios de correos que no son tan eficientes como el de España, en especial, en lugares de América Latina, donde una carta puede tardar semanas en llegar a su destino.

"Los plazos marcados por la ley son suficientes en Europa, pero no en países de América. El Gobierno se ve incapaz de articular el funcionamiento de los sistemas de correos de cada país", apunta Pin.

Pin cree que la solución pasa por la implantación del voto electrónico con las garantías adecuadas. "Hay que cambiar la mentalidad", aconseja.

Aunque la reforma legal aprobada en enero de este año tuvo un amplio respaldo, los dos partidos mayoritarios en España (el Partido Socialista y el Partido Popular) no están satisfechos de sus efectos.

Una de las opciones para estimular el voto exterior es crear una circunscripción específica en el Senado para los emigrantes, cuyo voto computa ahora en la provincia en la que están inscritos.

Los defensores del voto rogado arguyen que además de ahorrar, al enviarse solo papeletas a quien las pide, se reducen el fraude y que se repitan casos de expatriados que votaron... estando muertos.

El aumento del CERA respecto a 2008 se ha debido en gran medida a los nietos de exiliados que han podido adquirir la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Histórica.

En Argentina, el incremento ha sido de 61.092 afiliados; en Cuba, de 31.288; en Venezuela, de 19.770, y en México, de 22.135.