Madrid, 15 feb.- La Comisión de Expertos para la reforma universitaria, establecida por el Ministerio de Educación, ha concluido su trabajo recomendando que los rectores y profesores puedan elegirse entre españoles y extranjeros, y que las facultades no puedan contratar a sus propios doctores durante al menos 3 años.
Estas son dos de las principales conclusiones que han dictaminado los nueve miembros de la Comisión de Expertos en sus "Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español", que ya han hecho entrega de su trabajo al ministro José Ignacio Wert, según ha informado este Departamento en un comunicado.
El documento, de 84 páginas y que se ha hecho público hoy a través de la página web del Ministerio, se ha centrado en recomendar cambios en la selección del personal docente e investigador (PDI) de las universidades españolas, en la evaluación de la calidad de las mismas, sobre su gobierno, la financiación y sobre los estudios y títulos universitarios.
Desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se ha informado en una nota de que no se harán valoraciones sobre el informe hasta estudiarlo "con detenimiento".
Los expertos, que han trabajado desde el pasado mes de junio, han partido de la premisa de que la sociedad "a menudo" vive a espaldas de la Universidad, cuando debería cuidar y exigir más de su sistema universitario, y que si se desea que tenga "verdadera calidad internacional" se debe conseguir una "mayor diferenciación y especialización" de las facultades.
Para ello recomiendan que la elección del profesorado a través de dos vías: acreditaciones públicas nacionales para profesores titulares y catedráticos -perdiendo sus competencias la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)- y contratación "directa e indefinida" de doctores españoles y extranjeros.
Para evitar la "endogamia" señalan que las universidades deben impedir contratar a un doctor propio salvo que éste haya estado al menos 3 años vinculado a otra universidad o institución académica o investigadora; además, se deben internacionalizar las convocatorias de los profesores, docentes e investigadores (PDI).
Y en cuanto a los rectores, éstos deberán ser académicos, con tres sexenios y designados por el Consejo de la Universidad, ante el que responderá; "se recomienda que la elección del rector sea precedida de un anuncio internacional" y que esté abierta a académicos españoles y extranjeros.
Creen que es "una falacia" decir que para que una universidad sea excelente debe ser pública o privada, pues lo que, según ellos, tienen en común las mejores es "un rector con capacidad ejecutiva, notable autonomía financiera y de contratación" y que responde ante la sociedad en su conjunto.
Los rectores tendrán un mandato de 5 años renovables, y el Consejo de la Universidad que le escoja será un órgano en el que estén representados los intereses académicos y los de la sociedad, con no más de 25 miembros -50 % elegido por el claustro de la universidad, un 25 % por la CCAA y un 25 % por los anteriores entre personas internas y externas de la facultad- y que no hayan tenido cargo político, empresarial o sindical.
El gasto medio hoy de un universitario es de 10.000 euros por curso, recuerdan los expertos, que piden que la financiación esté basada "en resultados", se invierta el 3 % PIB en Educación, se vincule la financiación a la empleabilidad de los títulos, se establezcan normas de permanencia para los alumnos y que la financiación pública sea suficiente y estable.
Se recomienda incrementar la inversión pública en becas, especialmente en las de movilidad nacional e internacional.
Se pide evitar la "multiplicidad excesiva de títulos" estableciendo a escala nacional un mínimo de alumnos para impartir un título, que se incentiven alianzas universitarias, la formación multidisciplinar y se haga pública la empleabilidad de los graduados.
Para alcanzar la excelencia y la competitividad, la evaluación de la calidad de las universidades será cada 4 años, pública y externa.
Se pretende conseguir a medio plazo 10 universidades de calidad, con las exigencias más altas para aceptar a sus alumnos; 25 ó 30 especializadas en algunas áreas; y el resto correspondería a universidades con mayor énfasis en la enseñanza.
Actualmente hay 50 universidades públicas -47 presenciales- y 31 privadas, que tienden a 1.490.000 estudiantes.
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