En España, los indignados de la tercera edad contra el fisco

Debido a la crisis económica de 2008, el Estado hizo todo lo posible para llenar sus arcas. Desde 2013, el fisco ha descubierto un nuevo filón: reclama pago de impuestos atrasados a centenares de miles de emigrantes que retornaron al país, concediéndoles en muchos casos un plazo de solamente 15 días para pagar sus deudas.

"A esta gente se le hizo un daño moral y económico" se indigna Eva Foncubierta, la presidenta de la Federación española de asociaciones de emigrados retornados (FEAER).

Son personas que han hecho mucho por el desarrollo de España, que han contribuido mucho, es un trato que no se merecían" se lamenta esta andaluza, cuyos padres emigraron a Holanda y se hallan ahora atrapados en las redes del fisco español.

Foncubierta estima en unas 800.000 el número de personas afectadas en España, de las que 145.248 ya han regularizado su situación al pagar un importe total de 309 millones de euros al fisco, según datos divulgados por el ministerio del Presupuesto a fines de julio.

"Es un robo y una injusticia" denuncia Miguel Martínez, que trabajó en París de 1964 a 1974 y cobra por ello una jubilación francesa de 330 euros por mes.

El año pasado tuvo la mala sorpresa de recibir una carta recomendada en la que se exigía el pago de impuestos atrasados, cubriendo un período de cinco años, equivalentes a 4.000 euros, una tercera parte de sus ingresos anuales totales.

"A mi se me descontaba 85 euros al año por la pensión española de 11.700 euros anuales. Al añadirle unos 4.000 euros me piden 962 euros " relata este habitante de Callosa de Segura (Alicante, este), que ya se ha encadenado antes tres centros de impuestos diferentes para protestar.

Martínez está aún más furioso porque dice tener en su poder un escrito de Hacienda (fisco) de 2011 que certifica que su jubilación francesa no era imponible.

"Es imposible que haya 800.000 personas, y menos de esa edad, que se planteen defraudar a Hacienda sin declarar las pensiones extranjeras," afirma Foncubierta, que lamenta que el fisco genere estos problemas financieros a estos jubilados.

Es lo que ha ocurrido con Juan Antonio Pichel, qui vive en Galicia (noroeste) y que se encontró con la obligación de pagar 8.000 euros en dos semanas. "Tuve que ir al banco a pedir un préstamo" dice este antiguo emigrante en Suiza.

Ante esta situación, numerosas asociaciones de defensa de antiguos emigrantes se han creado en regiones de fuerte emigración, como Andalucía o Galicia.

Estas diferentes asociaciones obtuvieron un primer éxito en el otoño boreal pasado. Hacienda se comprometió a no poner multas por retrasos, y devolver las que ha fueron cobradas, es decir un total de 20 millones de euros.

A fines de julio, el ministerio de Presupuesto confirmaba haber devuelto 13 millones de euros en multas a 32.414 personas. "Pero como las personas mayores deben hacer por sí mismas estos trámites, quedan siete millones que no han sido reclamados" se lamenta Foncubierta.

Al acercarse las elecciones legislativas de fin de año, la movilización de estos jubilados se acentúa.

"Vamos a aprovechar ahora que hemos entrado de lleno en un período electoral, para pedir un trato especial" afirma Foncubierta, que recuerda que los jubilados españoles son imponibles solamente a partir de un ingreso anual superior a 22.000 euros, a condición de que tengan un única fuente de ingresos.

Sin embargo, recuerda la presidenta de la FEAER, el fisco considera que las jubilaciones de base y las complementarias, incluso procedentes de un mismo país, constituyen dos ingresos diferentes, lo que genera una reducción del umbral imponible a 11.200 euros.

"Pedimos que las pensiones sean consideradas como un ingreso único" explica Maruchi Alvarez, portavoz de una asociación gallega.

De momento, Foncubierta lanza este mensaje a los jubilados que contemplan volver a España: "Aconsejamos al que quiera volver que se interese antes para saber como va a quedar el tema de impuestos, porque se pueden llevar sorpresas".

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