"Nos estábamos aniquilando entre nosotros", dijo a la AFP Monsalve desde la cárcel La Modelo en Bucaramanga (noreste), uno de los cinco centros penitenciarios del país donde 933 desmovilizados de grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, comparten pabellón en el marco de un programa gubernamental de resocialización.
Ex integrante del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), milicias irregulares de extrema derecha surgidas para luchar contra los grupos rebeldes de izquierda nacidos a mediados de la década de 1960, Monsalve ha pasado los últimos 13 de sus 43 años privado de libertad.
Ingresó a las AUC a los 25 años. Apenas estuvo cinco en sus filas y terminó condenado por concierto para delinquir, homicidio y desaparición forzada. "El daño que hemos hecho fue grande. Pero nuestro compromiso hoy es con las víctimas", afirmó.
Su compañero de celda, Roger Guamanga, de 36 años, "un señor de las FARC" con quien comparte ventilador y televisor y con quien dialoga "cada noche", también lleva 13 años preso por delitos similares: homicidio, terrorismo y rebelión.
"La convivencia ha sido buena. El problema era antes, cuando éramos enemigos a muerte porque nos habían implantado una ideología", señaló este ex miembro del Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), la principal guerrilla del país, actualmente en negociaciones de paz en Cuba con el gobierno.
"En la cárcel uno se da cuenta de que hay que apostarle a la reconciliación. Afuera nos ven como terroristas, pero vamos a salir cambiados", añadió.
Guamanga tenía 22 años cuando dejó la comunidad indígena en el suroeste del país donde nació. "La presencia y la ley allí era la guerrilla", recordó, y dijo que de no ser por "el abandono del Estado" hubiera sido militar.
"A mí lo que le gustaba era el uniforme y las armas, y pues, cogí la guerrilla".
Monsalve y Guamanga, combatientes de distintos bandos en el largo conflicto armado colombiano, "son dos caras de la misma moneda", explica Natalia Casij, subdirectora de CITpax, la ONG que ejecuta el programa gubernamental de resocialización, implementado desde 2014 y requisito para los 1.075 postulados de la ley de Justicia y Paz.
Esa ley de 2005, creada inicialmente para los paramilitares que dejaron las armas durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), pero extendida luego a desmovilizados de las guerrillas, ofrece reducción de penas a cambio de verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
"En el caso de los rasos, que son el 95% de la población, son personas pobres, muchas veces marginados, que entraron al grupo armado que operaba en la zona en busca de una oportunidad", dice Casij. "Según quien los haya victimizado se unen al bando contrario", agregó.
La experta señaló que incluso algunos ex paramilitares le han confesado estar de acuerdo con ideales de las FARC.
La convivencia ha sido "armónica", apuntó, y describió el programa como "un buen acercamiento" con miras a la reintegración social de combatientes de las FARC, que suman unos 7.000 según cifras oficiales, tras un eventual acuerdo de paz.
De 10 meses de duración, el programa está enfocado en derechos humanos, justicia restaurativa, atención psicosocial y emprendimiento personal.
"Esto es la preparación para el posconflicto", dijo a periodistas Carlos Medina, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, durante su visita a La Modelo el viernes pasado.
Para el político, que dio a los internos una charla sobre métodos alternativos de solución de conflictos, convivir con los enemigos de antaño es un buen "laboratorio" de reconciliación.
"Me llena de tranquilidad ver la actitud de ustedes. Les agradezco este esfuerzo de transformación", enfatizó, luego de escuchar a ex guerrilleros y ex paramilitares hablar de superación de "la intolerancia" y búsqueda del "bien común".
"La historia del conflicto de Colombia es responsabilidad de todos. Y también es responsabilidad de ustedes mostrar que es posible tener una cara nueva", subrayó Medina.
Poco antes, en un pasillo de La Modelo, donde 294 reclusos cumplen el programa de resocialización, Raúl González, ex guerrillero del extinto M-19, y John Alvarado, ex paramilitar del BCB, no dudaron en afirmar que para ellos, el pasado quedó atrás.
"Ahora somos amigos", afirmaron, sonrientes.
Guerrillas, paramilitares y agentes estatales han participado en la conflagración interna en Colombia, dejando oficialmente unos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
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