Madrid.- España sólo cumplirá el Protocolo de Kioto si recorta sus emisiones de CO2 un cuarenta por ciento respecto a las de 1990, según el informe "El Cambio Climático en España 2009-2020" realizado por Ecologistas en Acción.
El estudio, presentado hoy por el responsable de cambio climático de la organización, Pablo Cotarelo, recuerda que las dos propuestas que se barajan para la cumbre de Copenhague -cuyo acuerdo sustituirá al Protocolo de Kioto-, plantean una rebaja de la emisión de gases de efecto invernadero del 20 o el 30 por ciento.
El informe denuncia que, tanto si se pacta una reducción del veinte por ciento como si finalmente se alcanza un acuerdo más ambicioso (reducción del 30%), España podrá seguir aumentando sus emisiones, al menos hasta el año 2020.
Mientras, el resto de países de la UE se verán obligados a reducir sus emisiones y a transformar sus sociedades y economía hacia modelos menos dependientes del carbono, más respetuosos con el medio ambiente y socialmente más aceptables, asegura el informe.
De momento, Suecia, Reino Unido y Francia ya cumplen los objetivos de Kioto (no superar en más del 15 por ciento el nivel de emisiones de 1990) y Alemania está a punto de lograrlo.
Mientras, España es el país de la UE que más ha elevado sus emisiones respecto a las del año de referencia y la que más rápidamente se aleja de su objetivo, ha recordado Cotarelo.
En este contexto, lamenta el informe, el Gobierno sigue asegurando que el cambio climático es un tema esencial y prioritario pero las iniciativas no se corresponden con estas declaraciones, especialmente en esta legislatura, en la que el Ministerio de Medio Ambiente es meramente "presencial".
Para cumplir los criterios del Protocolo de Kioto y reducir las emisiones, el informe de Ecologistas en Acción recomienda poner en marcha la "acción temprana", es decir, responder a este reto con medidas públicas de planificación y diseño que reduzcan los gases de efecto invernadero y mejoren la calidad de vida de las personas.
Entre otras, proponen al Gobierno que, en coordinación con las comunidades autónomas y organismos locales, pongan en marcha estrategias y planes de movilidad para reducir el tráfico en las ciudades y evitar la nueva construcción de infraestructuras de transporte como aeropuertos, autovías, etc.
El informe recomienda también poner en marcha medidas en los llamados "sectores difusos", es decir, el residencial, el agrario, los residuos y los gases fluorados, unos sectores que no están incluidos en el comercio de los derechos de emisión.
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