Domingo, 22.04.2018 - 20:05 h

La Junta repartió 63 millones en ayudas a la formación entre una decena de excargos

Sólo el ex consejero Ojeda consiguió en torno a 55 millones en tres años.

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La reciente detención y la posterior puesta en libertad con cargos del ex consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Áviles, relacionada con la malversación de ayudas para la formación de trabajadores andaluces, ha puesto en evidencia un fraude masivo de fondos públicos que según expertos en delitos económicos de la Policía podría rondar los 2.000 millones sólo entre los años 2009 y 2011.

Durante más de una década, los cursos de formación se convirtieron en Andalucía, una comunidad con una tasa de paro del 34,7% según la Encuesta de Población Activa (EPA), diez puntos porcentuales por encima de la media nacional, en la medida estrella de la Junta en la lucha contra el desempleo, con un éxito evidentemente muy limitado.

Buena parte de estos fondos millonarios quedaron en manos de empresarios y sindicatos, que llegaron a cobrar en algunas ocasiones hasta un 20% del dinero que se distribuía en concepto de gestión y organización de los cursos, y otra parte se quedó en el camino y no llegó a los trabajadores ocupados y a los desempleados.

Muchas empresas inactivas y fantasma desaparecían o se liquidaban tras recibir las subvenciones de los departamentos de Empleo de la Junta y muchos de los cursos eran simulados y otros ni siquiera se impartían. El dinero de los fondos se repartía entre empresas, gestores y, presuntamente, funcionarios.

Las tramas de los cursos, investigadas en dos operaciones –Edu y Óscar- están llenas de apellidos de antiguos cargos de la Junta, alcaldes y concejales socialistas, que, personalmente, o, a través de familiares, creaban empresas de formación después de abandonar sus cargos e incluso en paralelo a su labor pública.

Para el Partido Popular, que lleva varios años denunciando una situación que ahora se investiga con intensidad, no es una casualidad que todos estos nombres aparezcan administrando y gestionando estas sociedades, que en algunas ocasiones llegaron a recibir millones de una tacada. Es que lo que ha definido como "política de familia y tráfico de coincidencias indecente e inmoral" la portavoz del PP en Cádiz, Ana Mestre.

Durante la última década han sido numerosos los responsables económicos y políticos de las del Gobierno andaluz y alcaldes de grandes municipios socialistas que se decidieron emprender montando centros, empresas y academias de formación, cuya principal fuente de financiación era la Administración para la que trabajaron.

Según ha podido constatar La Información, a través de las ayudas recogidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y de denuncias políticas y judiciales–las tramas están siendo investigadas en ocho juzgados-, sólo una decena de estos responsables políticos obtuvieron subvenciones por un valor superior a 63 millones de euros. Sólo el ex consejero Ojeda consiguió en torno a 55 millones en tres años. El resto, obtuvo de media 725.000 para sus empresas, fundamentalmente autoescuelas y peluquerías.

Algunos lo negaron, pese a la evidencia; otros firmaron subvenciones que fueron a empresas con las que tenían vínculos; algunos recibieron ayudas sin cumplir los requisitos y otra parte obtuvo millonarias subvenciones para cursos que se demostraron falsos.
Muchas subvenciones para pocas empresas.Dimisión.... "por injurias y difamación"

La empresa Aulacen Cinco, dedicada a cursos de formación, recibió 730.000 euros en subvenciones entre los años 2006 y 2010. La administradora única de la sociedad era la mujer de Rafael Velasco, ex diputado autonómico y ex vicesecretario del PSOE-A.

Velasco dimitió como parlamentario, pero sostuvo todo el tiempo que no lo hizo por las presuntas irregularidades en torno a esta sociedad, que se creó el 12 de diciembre de 2005, tres días antes de que expirará el plazo para conseguir un subvención de 78.000 euros -que logró-, sino por una "campaña de difamación, de injurias y de calumnias personales y familiares".

El 90% de los cursos de formación que impartía la empresa de la mujer del número dos en el PSOE andaluz de José Antonio Griñán estaban subvencionados por la Junta.

La empresa de peluquería Lara y Nieto, cuyo administrador único y socio era el marido de la alcaldesa socialista de Martos (Jaén), Sofía Nieto, recibió durante tres años subvenciones de la Junta por valor de 550.000 euros. El objetivo de las ayudas era desarrollar cursos de formación profesional ocupacional y la Junta justificó las subvenciones asegurando que el empresario accedió a la programación de los proyectos antes de que su esposa fuera elegida regidora y que también le fueron denegadas ayudas. La denuncia fue realizada por el Partido Andalucista y la subvención se puede constatar en el BOJA.Subvencionados, pese a las deudas

En sólo tres años, el que fuera alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, recibió a través de dos empresas de hostelería más de un 1,1 millón de euros. Las ayudas, según aseguró el PP, se incrementaron coincidiendo con su candidatura y, posteriormente, ya siendo alcalde.

Además, una de las empresas recibió ayudas teniendo deudas con la Seguridad Social y la otra con impagos con la Agencia Tributaria, dos irregularidades que impiden recibir subvenciones, ya que hay que estar al corriente de pago con Hacienda y Empleo.

Hace apenas tres meses, un grupo de funcionarios de la Agencia Tributaria embargó la recaudación del día de tres establecimientos que la cadena de restaurantes El Paraíso de Punta Umbría, que gerencia Rodríguez Nevado, lo que corrobora las denuncias de no estar al corriente de pago con Hacienda.Ayudas millonarias para una autoescuela

Antonio Fernández, que fue nombrado en junio de 2004 Delegado Provincial de Empleo en Córdoba fue socio y fundador de la Autoescuela Virgen de Luna, con sede en Pozoblanco. Esta sociedad recibió entre octubre de 2004 y marzo de 2010 casi 844.000 euros en subvenciones para cursos homologados en materia de conducción de la Delegación Provincial que precisamente estaba bajo el mando de Fernández. Según destaca el PP, con la llegada de Fernández a la Delegación, las ayudas a la empresa que fundó y en manos de sus socios en otras sociedades se multiplicaron por seis.

Pese a que Fernández abandona los cargos en la autoescuela casi al momento de acceder al cargo público, siguió manteniendo una estrecha relación empresarial con los administradores de la autoescuela, ya que junto a ellos también formaba parte del consejo de administración de una funeraria.

El candidato a la Alcaldía de San Fernando, Fernando López Gil, y Ana Lorenzo Castro, hija de una senadora socialista crearon en 2001 la sociedad cooperativa Observa, que recibió entre 2003 y 2010 un total de 808.509 euros en concepto de subvenciones para formación de la Consejería de Empleo.

Nada más constituir la sociedad, recibieron una pequeña ayuda, por ser menores de 35 años y llevar parados al menos un año. De media, casi 100.000 euros anuales.

Ana Mestre reclamó hace sólo unos meses la dimisión del delegado territorial del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, por mentir sobre su participación en la cooperativa Observa.

La dirigente popular demostró con documentos la vinculación que López Gil mantuvo con la cooperativa hasta, al menos, 2009, pese a que el dirigente socialista argumentó ante los medios de comunicación que se había desvinculado de la cooperativa en 2008.

López Gil aseguraba en 2011, que llevaba desvinculado desde hacía siete años de la cooperativa Observa y que nunca había recibido un euro de otra labor que no fuese la política.

El marido de la ex diputada socialista en el Congreso, Ana Fuentes, era el dueño de la Autoescuela Autocep, que recibió en 2009 subvenciones por valor de 151.000. La autoescuela había comenzado su actividad sólo un año antes y en 12 meses ya estaba recibiendo importantes ayudas en las que era necesario presentar importantes acreditaciones. Como propietario de otra autoescuela, Pedro Ruiz Guerrero, que así se llama el marido de la dirigente socialista, recibió otros 209.000 euros.

Para justificar el asunto, la socialista aseguró que su régimen era el de separación de bienes y que ella no participaba directamente en la empresa.

Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas, el conseguidor e intruso en la trama de los falsos ERE, también participó del interesante negocio de las ayudas públicas a empresas de formación, a través su empresa Consulting Social Siemur, que creó en 2004.

Sierra también era propietario de la sociedad Maginae Solutions, empresa que asesoró a Mercasevilla en el ERE de 2007, una gestión por la que cobró 143.145 euros. El trabajo, nunca se realizó.

Juan Manuel Barrios y Miguel Ángel Reina, presidente y consejero de la Empresa Ecijana de Formación, respectivamente, fueron también teniente de alcalde de Écija y concejal entre 1987 y 1990. La empresa recibió por parte de Empleo de la Junta en torno a 600.000 euros en sólo cinco años, entre 2005 y 2010.

Entre los años 2003 y 2005, Mauricio Antonio Motiglia ocupó el cargo de concejal de Medio Ambiente en la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo. Inmediatamente después, decidió dedicarse a la formación, primero como autónomo y luego creando una red de empresas: Centro de Formación Info-Nete para el Desarrollo de la Nuevas Tecnología, Centro de Formación Integral de Guadiato y Black Diamond Consulting. En total, a través de sus empresas ha percibido 832.000 euros en ayudas a la formación.Un fraude superior al de los ERE

El ex consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Avilés, entre los años 1987 y 1992 ha sido sin duda el más beneficiado por las subvenciones a cursos de formación. Su red de empresas pudo recibir hasta 47 millones de euros en ayudas públicas, aunque desde el Partido Popular aseguran que lo percibido supera los 55 millones de euros en sólo tres años.

Los populares aseguran que es "un monumental escándalo" y consideran que el fraude puede superar incluso al de los expedientes de regulación de empleo (ERE) falsos y el fondo de reptiles, porque en los ERE son en torno a 1.500 millones de euros que se han podido defraudar, y el escándalo de la formación podría rebasar los 4.000 millones de euros en su montante global.

La Policía sostiene que Ojeda recibió fondos de su cuñada, Teresa Florido, otra ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

Los investigadores aseguran que a partir de 2009 las empresas de Ojeda entraron de lleno en la actividad de las subvenciones y señalan que las empresas del ex consejero habrían recibido de la Dirección General de Formación Profesional al menos 14,6 millones, aunque las ayudas podrían ser tres veces mayores.

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