Así desmontan las coartadas de la mujer acusada de asfixiar al hijo de su pareja

El padre de Dominique ya había sospechado de su pareja, Alejandra, un mes antes de ser detenida. Ahora se sienta en el banquillo por supuestamente estrangular en su casa de Elda (Alicante) al hijo de acogida de su pareja, de ocho años y con autismo. Desde la muerte -que ella insiste en que fue un accidente doméstico mientras comía- poco a poco Daniel se daba cuenta de que algo no le cuadraba en la primera versión que había dado su mujer de lo sucedido. Llegaron a recibir cartas anónimas de un supuesto testigo relatando lo mismo, pero para entonces la Policía ya tenía claro que mentía. 

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Así se desprende de las versiones ofrecidas por el responsable de la investigación policial y otros agentes durante la segunda jornada del juicio con jurado popular que se sigue en la Audiencia Provincial de Alicante contra Alejandra G.P., sorda, que en el momento del crimen estaba embarazada y para quien la Fiscalía pide la prisión permanente revisable por asesinato. El jefe de la investigación policial ha señalado que en un primer momento creyeron la versión de la mujer sobre que dos desconocidos la habían asaltado, tanto a ella como al pequeño Dominique, para un robo en su domicilio, aunque pronto comprobaron que esa hipótesis era inverosímil.

Entre otros aspectos, fue así porque la mujer dijo que los asaltantes iban con casco de moto en todo momento y la vivienda carecía prácticamente de luz, lo que imposibilitaba la visión, y porque no se llegó a tocar una caja fuerte que había en el dormitorio. Además, Alejandra G.P. explicó que los extraños le habían roto la ropa y el sujetador y la sometieron a abusos y que no continuaron la agresión sexual al decirles ella que estaba embarazada. El responsable policial ha señalado que resulta poco creíble que esos supuestos individuos detuvieran la agresión sexual por ese hecho después de, supuestamente, haber matado al niño de 8 años.

A todo esto se añade que no se vieron signos reales de abusos al niño, tal y como había relatado la acusada. Aunque los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2017, Alejandra G.P. no fue detenida hasta finales de mayo de 2018 y el arresto se llevó a cabo, ha dicho el policía a preguntas de la abogada defensora, a la vista de que los hechos aducidos por la acusada durante el supuesto asalto "no se correspondían con la verdad".

De esta manera, se puso fin a una investigación en la que se habían recogido un centenar de huellas dactilares de la vivienda donde ocurrieron los hechos y también una veintena de restos biológicos que conducían a que el crimen se había cometido dentro de casa cuando estaban solos Alejandra G.P., a la que vieron con el paso del tiempo numerosas "contradicciones", y Dominique, sin terceros implicados. Alejandra ayer ya reconocía que ella misma se cortó el sujetador y se hizo las heridas que presentaba con un cuchillo. La policía mandó analizar si ella misma podía haberse hecho el nudo de la cuerda que tenía en las muñecas. "Sí" respondía ella ayer a la pregunta ante el jurado. 

Otra de las cosas que llamó la atención de los agentes es "lo entera que estaba 24 horas después de lo sucedido" mientras que su pareja, padre adoptivo del pequeño, "estaba destrozado". El juicio continuará este miércoles ante los seis hombres y tres mujeres del jurado con la declaración de los padres de acogida de la víctima y los forenses que han participado en el caso. Debido a que la acusada desconoce el lenguaje de signos pese a ser sorda, esta sigue el juicio leyendo en un monitor donde se transcribe en tiempo real todo lo que se dice en la sala a partir de un sistema de estenotipia.

Los hechos sucedieron el 30 de agosto de 2017 cuando Dominique compartía unos días junto a su padre de acogida, en función del régimen de visitas acordados por la Generalitat entre el padre y su madre de acogida. La Fiscalía considera a Alejandra G.P. responsable de un delito de asesinato y otro de simulación del delito y, junto a la prisión permanente revisable, pide que indemnice a los dos padres de acogida con 5.000 euros a cada uno en concepto de daños morales.