Más de un centenar de familias presentan una querella contra todo el Gobierno

Más de un centenar de familias de fallecidos con Covid-19 han elevado el caso a los tribunales y han denunciado a todo el equipo de Gobierno. Lo han hecho a través de un grupo de abogados ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en nombre de 116 familiares de víctimas de la pandemia por un presunto delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.

La querella, interpuesta ante la Sala de lo Penal del alto tribunal, se dirige contra los 23 miembros del Ejecutivo "como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", por "haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares".

ostienen que sus familiares han fallecido "en condiciones ciertamente indignas de un ser humano" y creen que "se ha debido al vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados". Hasta la fecha, 3.268 familias han manifestado su deseo que querellarse, pero solo 116 se han personado ya que, las restantes "no han podido obtener, hasta el momento", el Certificado Médico de Defunción, necesario para acreditar la muerte de sus familiares y sus causas y así interponer la acción penal.

En la querella, los familiares denuncian al Gobierno en pleno por su "irresponsable y negligente inacción", por su "actuación tardía y nefasta" y por "la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia" desde que tuvieron conocimiento de su existencia en diciembre de 2019 o enero de 2020.

Consideran que el Ejecutivo "decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas" cuando "a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían, algo que el Gobierno sí conocía".