Esther Rebollo
Bogotá, 28 oct.- Los delitos cometidos por exfuncionarios colombianos y miembros de la Fuerza Pública durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y pusieron en entredicho a la democracia, afirmó en entrevista con Efe la fiscal general de la Nación, Viviane Morales.
La fiscal, que ocupa el cargo desde diciembre pasado, se refirió así al espionaje ilegal del que ella misma ha acusado al exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno y a la exdirectora de la central de inteligencia María del Pilar Hurtado, esta última asilada en Panamá.
También a los "falsos positivos", como se denominan en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales practicadas de forma sistemática por militares y policías, quienes tras acabar con la vida de civiles los presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios de sus superiores.
Morales presentó recientemente cargos contra Moreno y Hurtado por "abuso de función publica, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir", recordó.
Delitos que calificó de "muy graves porque suponen violaciones graves a derechos humanos fundamentales, como el derecho a la intimidad, pero además ponen en entredicho aspectos fundamentales de una democracia, como es el respeto a la independencia de los poderes (...), al ejercicio de la rama judicial".
Los juicios a Moreno y Hurtado son "emblemáticos" por la naturaleza de los cargos que ocuparon, pero detrás "hay procesos contra unos 16 funcionarios más del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que nos muestran un abuso y un aprovechamiento indebido de las funciones del aparato de inteligencia del Estado", advirtió.
Morales habló también de los más de 2.000 "falsos positivos".
Este "es un capítulo muy triste dentro de una democracia, que nos muestra la connivencia de ciertos miembros vinculados al Ejercito y la Policía con grupos delincuenciales, los llamados paramilitares", asintió.
"Hay 1.700 personas investigadas, la mayoría relacionadas con la Fuerza Pública, más de 1.500 medidas de aseguramiento" (detenciones), explicó.
Sobre los comentarios públicos del expresidente Uribe, quien ha calificado de "persecución política" estas investigaciones, Morales respondió: "aquí no se está juzgando a nadie por delitos políticos, son delitos de graves violaciones a los derechos humanos".
"Pretender calificarlo como una persecución política cuando hay tantos elementos probatorios, tantos fiscales distintos, tantos jueces fallando, no se corresponde con lo que ha venido pasando", matizó esta mujer de 49 años, quien vive rodeada de guardaespaldas y su despacho se ubica en uno de los fortines mejor protegidos de Bogotá.
Viviane Morales explicó que lo sucedido en Colombia responde a "una erosión que viene de tiempo, de un conflicto armado muy largo que destruye el tejido social, de una debilidad de las instituciones".
Debilidad que "tomada por parte de los delincuentes nos han permitido llegar a una realidad tan dura en cuanto a violaciones de los derechos humanos, de delitos y corrupción en el Estado", agregó.
Otro de sus retos es adelantar los procesos contemplados en la Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005 y por la que se desmovilizaron unos 30.000 paramilitares a cambio de confesar sus crímenes y obtener un fuero especial.
Aquella iniciativa desembocó en masivas extradiciones de paramilitares a EE.UU. acusados de narcotráfico, lo que evitó que fueran procesados en Colombia por delitos de lesa humanidad.
"Lo deseable es que aquí hubieran tenido su sentencia y luego respondieran por sus crímenes en otros países, lo importante ahora es ser realistas, buscar que respondan a través de una cooperación judicial fluida", comentó.
No obstante, consideró que esa controvertida ley sí ha tenido resultados: "no hay país en el mundo donde se hayan adelantado tantas audiencias, donde se han escuchado a 60.000 víctimas, se han confesado más de 25.000 crímenes, ha habido más o menos 4.000 exhumaciones de cadáveres", apuntó.
Pero calificó de "preocupante" que sólo haya cuatro sentencias.
Aún así, se congratuló porque "a buena hora hay un despertar", en el sentido de que con la verdad se halla la justicia y ello puede construir la anhelada paz en Colombia. EFE
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