La Fiscalía de Madrid ha interpuesto su sexta denuncia contra responsables de residencias de ancianos por su gestión en la pandemia de coronavirus, en concreto contra la responsable y la auxiliar de un centro de la localidad de Pozuelo de Alarcón a las que imputa cuatro homicidios imprudentes en un centro en condiciones "deplorables".
Según ha informado este martes el Ministerio Público, la denuncia se interpone por cuatro delitos de homicidio imprudente, otros cuatro de omisión del deber de socorro y un delito continuado de trato degradante, ya que cuando se trasladó allí el equipo sanitario, durante los primeros días de la pandemia, encontró a los residentes “abandonados” y en unas condiciones de higiene y atención “deplorables”.
El centro, privado, tenía como responsable de forma habitual a una enfermera que estuvo de baja desde el inicio de la crisis y, por tanto, la responsabilidad pasó a manos de otra trabajadora, ahora denunciada. La residencia disponía supuestamente de un servicio sanitario prestado los martes y jueves que estaba formado por un médico y una enfermera, explica la Fiscalía.
Pero el 20 de marzo de 2020 el doctor causó baja por posible contagio por covid y la enfermera se sumó también por ser personal de riesgo, por lo que el centro se quedó sin equipo sanitario y tuvo que asumir el control la auxiliar encargada “con pleno conocimiento de la titular de la residencia”, relata la Fiscalía.
A pesar de que, al menos desde el 23 de marzo, la residencia contaba con casos sospechosos de contagio por Covid, la denuncia sostiene que “en todo ese periodo no se informó a los responsables de la Consejería de Sanidad de ningún usuario con sintomatología”.
Tan solo el 1 de abril se informó de un paciente sospechoso, si bien ese mismo día el equipo de soporte en residencias que se constituyó en el Hospital Universitario Puerta de Hierro acudió por primera vez al centro y valoró a cinco usuarias, que "presentaban clínica respiratoria, y al menos cuatro de ellas desaturaciones importantes que no estaban siendo tratadas”.
La ausencia de información “fidedigna” impidió, según la Fiscalía, realizar una adecuada valoración de la gravedad de la crisis epidemiológica por parte de los responsables de la Consejería de Sanidad, “de forma que ésta no pudo anticiparse a la situación”.
Así, la Unidad de Emergencias del Ejército (UME) tuvo que intervenir el 4 de abril “gracias a que el equipo hospitalario de soporte a residencias se volvió a desplazar al centro el día anterior para realizar nuevas valoraciones de los usuarios”.
Este 3 de abril los sanitarios del hospital comprobaron que no se estaba suministrando el oxígeno ni la medicación pautadas en la visita anterior, que había más residentes enfermos y que ninguno de ellos estaba siendo objeto de tratamiento “a pesar de que todos presentaban también sintomatología respiratoria”.
Durante la visita de la UME los militares comprobaron que la residencia estaba ubicada en un chalet que no contaba con ascensor y que tenía habitaciones dobles y baños compartidos, "con lo que no podían seguirse adecuadamente los protocolos de prevención" del coronavirus, y de hecho advirtieron de que había una “clara” ausencia de higiene y limpieza, “reinando un gran desorden tanto en las habitaciones como en los espacios comunes”.
Constataron igualmente una “notable” ausencia de personal y que el que quedaba al cargo no estaba cualificado. Ante la gravedad de la situación se procedió a cerrar la residencia y se acordó la derivación de 22 usuarios para su valoración a diferentes centros hospitalarios.
“El desorden era tal en la residencia –subraya la denuncia- que la mayoría de los usuarios fueron trasladados sin más ropa que la puesta y sin documentos de identificación ni historias clínicas”, subraya la Fiscalía.
