Fiscalía indaga si el Ayuntamiento de Barcelona desatendió a un discapacitado

Barcelona, 23 sep.- La Fiscalía de Menores ha abierto diligencias para investigar si un menor con discapacidad severa ha podido "sufrir una situación de falta de asistencia" por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que le han retirado la asistencia domiciliaria que tenía asignada.

A raíz de una denuncia presentada por el Colectivo Papás de Álex, el fiscal ha solicitado al responsable del Programa de Infancia del Ayuntamiento de Barcelona y a los servicios sociales municipales que le trasladen toda la información "sobre los hechos denunciados" para comprobar si son ciertos.

El fiscal de menores Juan José Márquez ha aceptado investigar la denuncia en la que el colectivo de defensa de discapacitados y la madre del menor denuncian una supuesta "discriminación e indefensión" y una "obstrucción a la tutela judicial efectiva al tener retenido supuestamente un expediente administrativo".

La denuncia explica que la familia del menor, un niño de 9 años con una discapacidad de grado máximo, tiene serias dificultades económicas y que los técnicos sociales del ayuntamiento que le atienden "manipulan supuestamente una situación para quitarles a su hijo".

La familia tenía asignado un servicio de atención al domicilio de 25 horas mensuales, que los servicios sociales le han retirado sin explicación, según la familia.

Según la denuncia, el fondo de la cuestión es que la familia del menor "no comulga con ellos al no aceptar la imposición en las condiciones del funcionamiento que imponen estos profesionales en relación al servicio de atención domiciliaria al que tiene derecho".

Según ha explicado el presidente del Colectivo Papás de Alex, Antonio Moreno, la discrepancia entre la familia y los técnicos de los servicios sociales es sobre si el cuidador que tiene asignado el menor debe o no acompañarle hasta el ferrocarril en el que le recogen los monitores del centro al que asiste.

La madre del menor aduce que ella no puede acompañarle y que dentro de las horas de cuidado del niño debe estar también llevarle hasta la estación, donde le recogen los monitores del centro.

En su denuncia, la familia aduce "actuaciones maliciosas para perjudicar al menor" y "perjudicar el entorno familiar" desde los servicios sociales de Ciutat Vella porque "tienen su expediente retenido".

"Los profesionales han condicionado a la familia para que firmen la renuncia del servicio. Se les amenaza en primera instancia verbalmente y a posteriori por escrito con llevar su caso al Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia por ser un expediente de riesgo", explica la denuncia.

La familia acusa al ayuntamiento de "tener el expediente del Acuerdo Programa Individual de Atención (PIA) retenido en dependencias que no son las legitimadas para resolver, creando una situación de indefensión".

"Hay una clara supuesta discriminación dado que otros niños, en la misma situación de dependencia, están disfrutando del derecho que se le otorga en la Ley de Autonomía Personal", añade la denuncia.

Una portavoz de los servicios sociales del ayuntamiento no ha querido entrar a valorar la denuncia porque ha señalado que aún no tenían constancia de ella y se trata de un menor.