Garzón, absuelto en el caso del franquismo

El Tribunal Supremo absolvió este lunes a Baltasar Garzón de la acusación de haber pasado de los límites de su cargo al investigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco. El caso ha tenido gran repercusón en todo el mundo.

Pese a esta decisión del Supremo, tomada por mayoría de 6 magistrados a 1 y que coincide con la petición de la fiscalía, el mismo tribunal ya había condenado este mismo mes a Garzón en otro caso que ha puesto fin a su carrera judicial.

"Los autos objeto de la imputación contienen una argumentación que consideramos errónea (...) Pero esa errónea aplicación del derecho no alcanza la nota característica del delito de prevaricación", dijo el Supremo en la sentencia.

Una asociación y un sindicato de funcionarios con vínculos con la ultraderecha habían pedido hasta 20 años de inhabilitación para el ya ex juez de 56 años al considerar, entre otros argumentos, que se saltó la Ley de Amnistía de 1977 al aceptar investigar más de 110.000 desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Durante el juicio, Garzón, considerado un símbolo por los defensores de los derechos humanos en el mundo tras su intento frustrado de sentar en el banquillo al dictador chileno Augusto Pinochet, aseguró que sólo actuó para proteger a las víctimas y evitar el olvido.

Ahora el tribunal en parte admite que su actuación "fue dirigida a disponer la tutela que le reclamaban quienes eran víctimas de unos delitos hoy día calificables como delitos contra la humanidad, que se encontraban en una situación de objetiva desigualdad respecto a otras víctimas de hechos sustancialmente similares y coetáneos en el tiempo de la guerra civil".

Sin embargo, afirma que un juez no es un historiador y que "la búsqueda de la verdad, una pretensión tan legítima como necesaria, corresponde al Estado a través de otros organismos (...) pero no corresponde al juez de instrucción".

Vigencia de la ley de amnistía

Cuando Garzón aceptó investigar los hechos en octubre de 2008 argumentó que cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad sería nula de pleno derecho, y que al ser delitos permanentes, pervivían incluso después de que la ley española fuera aprobada en octubre de 1977.

Pero el Supremo lo rechaza, destaca que los jueces no pueden derogar leyes, ya que eso corresponde al poder legislativo, y agrega que la ley fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas, con un "evidente sentido de reconciliación".

"En ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes", señalaron los magistrados.

En una primera reacción al fallo, la organización Human Rights Watch insistió en que España revoque la Ley de Amnistía y ayude a las víctimas de Franco en su larga búsqueda de verdad y justicia.

"El Tribunal Supremo se ha ahorrado más vergüenza rechazando estas desatinadas acusaciones (...) Garzón no volverá como juez, pero él no es el verdadero perdedor", dijo la organización en un comunicado, señalando a la reputación del sistema judicial español.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, saludó la sentencia y pidió al Supremo que decida con celeridad qué tribunal tiene que investigar las fosas comunes.

"A raíz de la causa de Garzón, decenas de juzgados de España recibieron su causa, algunos han hecho alguna diligencia, otros no han hecho nada y otros se la devolvieron a la Audiencia Nacional al considerar que era la competente", dijo en Radio Nacional de España.

"Con la máxima urgencia, el Tribunal Supremo, que debería quizá haber tomado la decisión antes de juzgar a Garzón, debe señalar qué juzgado es el competente para que estas fosas sean investigadas", agregó.

En cuanto al secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad, calificó el fallo de "político".

"Los jueces no se han atrevido a condenarle porque hay una gran presión internacional sobre este tema y ha preferido salirse por los cerros de Úbeda, y como ya estaba condenado por otra sentencia, pues por ésta, ha dicho, le absolvemos", dijo a Reuters TV.

Expulsado como juez

Garzón fue expulsado formalmente de la carrera judicial la semana pasada después de que el Consejo General del Poder Judicial procediera a cumplir la sentencia del Supremo que lo condenó a 11 años de inhabilitación por violar el derecho de defensa de los presuntos cabecillas de la red de corrupción Gürtel, al ordenar las escuchas de sus conversaciones en prisión con varios abogados.

El miércoles pasado, el ex magistrado solicitó la nulidad de actuaciones de esa sentencia, un requisito previo imprescindible para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Garzón ha dicho que si hiciera falta llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La del franquismo era la última causa que quedaba pendiente contra Garzón, después de su condena por el caso Gürtel y el archivo por prescripción de otra demanda por cohecho impropio a raíz de unos supuestos pagos recibidos por unos cursos que impartió en una universidad de Nueva York.

Los más cercanos a Garzón aseguran que los procesos en su contra responden a una estrategia para deshacerse de una figura polémica que ha recibido grandes elogios internacionales pero también críticas en España. Muchas voces, sobre todo desde la izquierda pero también algunas en la derecha, sostienen que su odisea judicial se debe a una interferencia política además de a celos o rivalidades profesionales.

El ex magistrado, que tras ser expulsado temporalmente de su cargo en la Audiencia fue asesor de la Corte Penal Internacional durante un año, en la actualidad es asesor de la Organización de Estados Americanos en Colombia.