Gobierno colombiano y campesinos llegan a Tunja para negociar fin de huelga

  • Delegados del Gobierno y líderes campesinos llegaron hoy a la ciudad colombiana de Tunja, en el centro del país, para iniciar las negociaciones con las que se busca poner fin a la huelga agropecuaria iniciada hace nueve días, que ha dejado cinco muertos.

Bogotá, 27 ago.- Delegados del Gobierno y líderes campesinos llegaron hoy a la ciudad colombiana de Tunja, en el centro del país, para iniciar las negociaciones con las que se busca poner fin a la huelga agropecuaria iniciada hace nueve días, que ha dejado cinco muertos.

El inicio de las negociaciones estaba previsto para las 13.00 hora local (18.00 GMT), pero cinco horas después no había comenzado porque la delegación gubernamental que salió de Bogotá no pudo aterrizar en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, ciudad cercana de Tunja, debido al mal tiempo.

Los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Agricultura, Francisco Estupiñán, encabezan el equipo negociador del Gobierno, que no pudo viajar por tierra porque aún persisten los bloqueos en vías de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá (centro).

"Al momento estamos a la espera del grupo de delegados del Gobierno nacional", señaló en un comunicado la mesa sectorial agropecuaria, representante de los campesinos, reunida desde primeras horas de la tarde en la Curia Arzobispal de Tunja.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció ayer la creación de una mesa de negociación con los campesinos de Boyacá, Cundinamarca y de Nariño (suroeste), las tres regiones más afectadas por los bloqueos de carreteras a consecuencia de la huelga.

El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, señaló que "enfrentamos, a partir de hoy, el gran reto" y que "la tarea de mediar es nuestra obligación", lo que dijo, se hará "con un gran compromiso por nuestros campesinos".

La huelga fue convocada por un sector de los caficultores pero ha tenido mayor repercusión entre los productores de papa, leche, tomate y hortalizas de Boyacá, que alegan ser víctimas de las importaciones de alimentos, del contrabando, del alto coste de los combustibles y fertilizantes y de la falta de apoyo estatal.

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